Una mujer es asesinada cada 39 horas en Argentina. El dato es brutal, pero real, y vuelve a golpearnos tras el reciente doble femicidio que conmocionó al país. No se trata solo de hechos aislados, sino de una violencia estructural que persiste más allá de las marchas, las campañas y las leyes. Es momento de preguntarnos en serio en qué situación estamos como sociedad, qué tan efectivas son las políticas vigentes y, sobre todo, por qué seguimos llegando tarde cuando lo que está en juego es la vida de las mujeres.
Los datos oficiales más recientes revelan lo siguiente: en Argentina durante 2023 se registraron 250 víctimas directas de femicidio, una cifra que representa cerca de 245 femicidios por año en la última década, con muy poca variación en la tasa anual. En 2024, hubo 247 víctimas letales de violencia de género, de las cuales 228 correspondieron a femicidios directos. Eso implica, en promedio, una víctima cada 39 horas.
Dentro de este contexto, la provincia de Buenos Aires también aporta cifras alarmantes: durante 2024 se iniciaron 144.972 procesos penales por violencia familiar y/o de género. De ese total, más del 75 % de las víctimas fueron mujeres.En la misma provincia, los femicidios consumados durante 2024 representaron aproximadamente el 70,5 % del total de homicidios consumados con víctimas mujeres. Otro dato que duele: en la mayoría de los casos, las víctimas conocían al agresor —pareja, ex pareja, otro tipo de relación personal íntima— lo que demuestra que la violencia de género es, muchas veces, una violencia doméstica o muy cercana.
Estos números no solo muestran que la muerte por motivos de género persiste; muestran que hacemos poco para cambiar las condiciones que permiten que sucedan estos hechos. Las leyes existen. La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres fue sancionada hace ya muchos años y ha sido acompañada de protocolos, unidades especializadas, líneas de atención. Y sin embargo, los femicidios no descienden de forma sostenida. Las denuncias de violencia muchas veces no llegan, o cuando llegan, no se traducen en prevención ni protección efectiva.
Uno de los puntos más críticos es la impunidad o la tardanza de la justicia. Las víctimas o potenciales víctimas muchas veces han denunciado previamente o han solicitado protección, pero esas medidas no siempre se cumplen o no llegan a tiempo. Cuando la ley reconoce el femicidio pero los mecanismos estatales no actúan con la urgencia necesaria, la legislación queda en letra muerta.
La sociedad debe poner un freno. Y ese freno no puede consistir solo en el shock, en el dolor del femicidio, en el repudio público. Hay urgencias concretas:
- Revisar la aplicación efectiva de las leyes: no basta con tener normativa, hay que asegurar que los organismos estatales (policía, justicia, servicios sociales) estén capacitados, con recursos y con protocolos que funcionen y respondan.
- Fortalecer los dispositivos de protección: asegurar que las órdenes judiciales de restricción, las medidas cautelares, las líneas de ayuda tengan respuesta rápida y real.
- Mejorar los registros y estadísticas: muchas veces la invisibilidad nace de la falta de datos confiables, desagregados, públicos; sin saber qué provincia, qué municipio, qué barrio concentra más agresiones, no se pueden dirigir políticas focalizadas.
- Educar en igualdad y erradicar la cultura patriarcal: prevención no solo legal o institucional, sino también cultural; desde la escuela, los medios, la comunidad, para que los mandatos de género que justifican la violencia dejen de ser naturalizados.
Una marcha no basta, un grito no alcanza si al otro día la vida sigue igual. Los femicidios son la expresión más extrema de una violencia que se prolonga a lo largo de años, de generaciones. Si no hay un cambio profundo, estructural, seguiremos contando víctimas, lamentando muertes, buscando culpables. Ya es hora de que ese cambio deje de ser solo un reclamo y pase a ser una política pública concreta, efectiva, eficaz. Porque no hay avance real si una mujer más muere.
