La Justicia frena los tarifazos de gas y le da la razón a la UTN
La Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional obtuvo un fallo histórico del Juzgado Federal de Río Gallegos que declaró la inconstitucionalidad de los aumentos desmedidos en las tarifas de gas aplicadas desde marzo de 2024. La Justicia ordenó retrotraer los valores a los previos a ese mes, por considerarlos “irrazonables, desproporcionados y contrarios a principios constitucionales”.
El amparo fue presentado por la UTN con el patrocinio del abogado Matías Solano, en respuesta a las resoluciones 41/2024 y 122/2024 emitidas por la Secretaría de Energía y el ENARGAS. Según la universidad, estas medidas provocaron subas de hasta un 428% en el precio del metro cúbico de gas y del 4015% en el cargo fijo, elevando la factura mensual a más de dos millones de pesos. Esto puso en jaque el funcionamiento académico, administrativo y científico de la institución.
El fallo sostiene que una universidad pública no puede ser tratada como un usuario comercial y que las tarifas deben considerar el rol institucional, las condiciones climáticas extremas de la región y la función social de la educación. “Aplicar sin distinción un régimen tarifario uniforme a sujetos estructuralmente distintos […] importa desconocer los principios de equidad, igualdad sustancial y proporcionalidad”, argumentó el juez.
La Justicia también advirtió que el servicio educativo estaba en riesgo, dado que el presupuesto universitario permanece congelado desde 2023. Solo en el primer cuatrimestre de 2024, la UTN ya había acumulado un déficit superior a los 10 millones de pesos.
La resolución ordena que se facturen los servicios según el esquema anterior hasta que se defina un nuevo régimen acorde a las características de instituciones públicas no comerciales. La medida fue celebrada por la comunidad universitaria, que aportó pruebas técnicas y un relevamiento de impacto económico.
Además, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ratificó que el Juzgado de Río Gallegos tiene competencia para resolver el caso, descartando la posibilidad de trasladarlo a Caleta Olivia.
Desde la UTN señalaron que “este dictamen es un paso significativo en el reconocimiento de la universidad pública y establece un límite a los aumentos arbitrarios que amenazan su continuidad”.