En medio de un panorama económico crítico, las universidades del país enfrentan severos desafíos. Desde la asunción del presidente Javier Milei, las autoridades universitarias han sufrido drásticos recortes presupuestarios por parte del Gobierno nacional, sumados a los incrementos en los servicios básicos como la electricidad y el gas, que se vuelven impagables para algunas instituciones. Con un futuro incierto más allá de junio, la comunidad universitaria ha expresado su preocupación ante la congelación presupuestaria.
Este es el caso de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Santa Cruz, cuyo presupuesto está atado al año 2023, lo que genera inquietud sobre la viabilidad operativa en los próximos meses en toda la provincia. Esto no solo complica la formación de los estudiantes, sino también el pago de salarios a los docentes de la institución.
Karina Franciscovich, decana de la Unidad Académica de Río Gallegos de la UNPA, compartió su preocupación en una entrevista con Radio LU12 AM680, destacando la incertidumbre generada por la situación económica y la relación de los recursos disponibles con el ejercicio presupuestario del 2023. Esta situación dificulta cada vez más la prestación de servicios esenciales como coberturas médicas, comedores estudiantiles, becas y otros.
En cuanto al presupuesto, ya habían advertido anteriormente que, con mucho esfuerzo, podrían llegar hasta junio. Sin embargo, si el presupuesto no se aprueba, el gobierno nacional comenzará a gestionar los pagos de sueldos mediante decretos mensuales a partir de julio, lo que implicará un continuo deterioro de la capacidad de la universidad para brindar servicios. Esto, según Franciscovich, evidencia una política organizada que perjudica a la institución.
La decana señaló que han mantenido conversaciones con autoridades provinciales y diputados. Respecto al aumento exorbitante en la tarifa eléctrica, explicó que, mientras que en enero de 2023 pagaron aproximadamente 230.000 pesos por electricidad, en enero de este año la cifra ascendió a 1.400.000 pesos, a pesar de tener el campus cerrado y un consumo mínimo.
Por esta razón, están solicitando a los legisladores que intervengan mediante una ley para eximir a la universidad del pago de la electricidad. Además, han mantenido reuniones con autoridades del Gobierno Provincial para avanzar en este sentido.
Franciscovich hizo un llamado a la movilización para el 23 de abril, destacando la importancia de las universidades como espacios para la formación de futuras generaciones.
