El Gobierno de Santa Cruz envió a la Legislatura provincial un proyecto para declarar la emergencia económica, financiera y administrativa del sector público hasta diciembre de 2026, una iniciativa que ya generó fuertes reacciones de gremios estatales y abrió un debate político sobre sus alcances.
Desde el Ejecutivo provincial buscaron aclarar que la medida no implica una reforma previsional ni el cierre de las negociaciones salariales con los trabajadores del Estado.
El jefe de Gabinete, Pedro Luxen, afirmó que el objetivo del proyecto es ordenar las finanzas públicas y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.
“No hay una reforma previsional en estudio y vamos a convocar a paritarias como ya dijimos”, sostuvo el funcionario al referirse a las versiones que circularon en los últimos días.
Qué plantea el proyecto de emergencia
La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados a través del diputado Javier Jara, declara la emergencia económica en todo el sector público provincial.
La medida alcanzaría a:
- la administración central
- organismos descentralizados
- empresas del Estado
- sociedades con participación estatal
Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es garantizar la sostenibilidad fiscal de la provincia y asegurar la continuidad de los servicios esenciales.
Entre las facultades que tendría el Poder Ejecutivo durante el período de emergencia se incluyen:
- reorganizar el gasto público priorizando salud, educación y seguridad
- revisar estructuras administrativas y adicionales salariales
- armonizar los aumentos salariales con los recursos disponibles
- reasignar personal dentro del Estado
- revisar y renegociar contratos y subsidios financiados por el Tesoro provincial
Además, el proyecto contempla la suspensión de nuevos ingresos a la administración pública, salvo en casos considerados críticos para el funcionamiento del Estado.
También se propone la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes del Ejecutivo y de los distintos bloques legislativos, que tendrá la tarea de monitorear la implementación de la emergencia.
Paritarias y salarios
Ante las versiones sobre un posible congelamiento salarial, Luxen aclaró que la iniciativa no establece una pauta salarial cero para los trabajadores estatales.
Según explicó, la referencia realizada por el Gobierno estuvo vinculada al Poder Judicial y a la necesidad de que cualquier incremento salarial cuente previamente con respaldo presupuestario.
El funcionario también señaló que la emergencia no implica un endeudamiento automático, aunque recordó que el presupuesto provincial ya contempla la posibilidad de tomar financiamiento si fuera necesario.
Dentro de las herramientas previstas en el proyecto aparece además la pasividad anticipada voluntaria, un régimen que permitiría que algunos trabajadores puedan retirarse antes de alcanzar la edad jubilatoria, percibiendo un porcentaje de su haber.
“El objetivo es equilibrar las cuentas sin comprometer el futuro de la provincia”, sostuvo Luxen.
Rechazo gremial y advertencias
El proyecto generó una fuerte reacción de distintos gremios estatales.
El sindicato docente ADOSAC expresó su “más enérgico rechazo” a la iniciativa y advirtió que históricamente las declaraciones de emergencia terminan habilitando ajustes salariales o recortes laborales.
Desde el gremio señalaron que los trabajadores estatales no son responsables de la crisis económica provincial y reclamaron a los diputados que rechacen la propuesta.
En la misma línea, el Frente Sindical de Santa Cruz cuestionó que el proyecto podría otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, lo que a su entender podría afectar las negociaciones paritarias y los derechos laborales.
“Los trabajadores no somos el problema de la provincia ni vamos a ser la variable de ajuste”, señalaron desde el espacio gremial.
Debate en la Legislatura
Mientras tanto, el proyecto ya comenzó a generar movimientos en la Legislatura provincial.
El diputado Carlos Godoy advirtió que la aprobación dependerá del número de legisladores presentes en la sesión y de si el oficialismo logra reunir los votos necesarios.
Según explicó, se necesitarían 15 votos sobre 22 diputados para alcanzar la mayoría especial requerida.
El legislador también señaló que lo más probable es que el proyecto sea enviado a comisión para su análisis, aunque reconoció que el oficialismo buscará avanzar con su tratamiento.
De esta manera, la discusión sobre la emergencia económica comienza a instalarse como uno de los principales debates políticos de la provincia, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno, los gremios y los distintos bloques legislativos.
