El Gobierno confía en aprobar la reforma de la Ley de Tierras tras limitar la venta a extranjeros

Actualidad Política

El Senado retomará el debate este jueves 6 de agosto. Para reunir apoyos, el oficialismo aceptaría mantener un límite a la propiedad extranjera y exigir un doble aval en operaciones vinculadas con otros Estados.

El Gobierno nacional confía en que el Senado aprobará el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye una controvertida reforma del régimen de tierras rurales y busca flexibilizar las restricciones para la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras.

La Cámara alta retomará el tratamiento de la iniciativa este jueves 6 de agosto, luego del cuarto intermedio dispuesto durante la sesión del 16 de julio. Aquella postergación fue aprobada formalmente por el Senado ante la falta de acuerdos para avanzar con el proyecto.

Después de varias semanas de negociaciones con bloques opositores y aliados parlamentarios, el oficialismo aceptó introducir modificaciones en el capítulo más cuestionado.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno abandonaría su intención original de eliminar completamente el límite a la propiedad extranjera y propondría elevar del 15 al 25% el porcentaje máximo de tierras rurales que podrían quedar en manos de capitales de otros países.

La nueva redacción será presentada por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Al tratarse de una negociación abierta, el contenido definitivo podría sufrir nuevos cambios antes de llegar al recinto.

“Está encaminado”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mostró optimista respecto del resultado de la sesión y afirmó que el proyecto se encuentra encaminado.

“Por mis conversaciones con Patricia, creo que está encaminado el tema. Creo que vamos a ir a una sesión bastante bien ordenada”, sostuvo el funcionario, de acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas.

Santilli defendió la reforma al considerar que puede contribuir al ingreso de inversiones y al desarrollo productivo del país.

El Gobierno sostiene que las restricciones actuales desalientan inversiones en actividades agropecuarias, forestales, industriales, logísticas y portuarias. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había estimado que una flexibilización de la normativa podría generar inversiones por alrededor de 15.000 millones de dólares.

Qué establece actualmente la Ley de Tierras

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del territorio nacional.

Ese mismo límite se aplica a cada provincia, municipio, departamento o división administrativa equivalente.

Además, una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% del cupo reservado para extranjeros y cada titular tiene restricciones específicas sobre la cantidad de hectáreas que puede adquirir en la denominada zona núcleo.

Actualmente, alrededor del 5% de las tierras rurales argentinas se encuentra en manos extranjeras, una superficie estimada en más de 13 millones de hectáreas. Sin embargo, algunos departamentos y zonas estratégicas superan ampliamente el promedio nacional y, en determinados casos, exceden el límite del 15%.

Las principales nacionalidades propietarias son la estadounidense, la italiana y la española.

El Gobierno retrocedió sobre la eliminación total del límite

La versión original impulsada por el oficialismo buscaba eliminar prácticamente todas las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La iniciativa generó resistencia en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, bloques provinciales y sectores que habitualmente acompañan al Gobierno.

También provocó diferencias dentro del propio oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó su rechazo al capítulo relacionado con la extranjerización de tierras, mientras que varios aliados reclamaron mantener límites para proteger zonas de frontera, recursos naturales y áreas consideradas estratégicas.

La falta de votos obligó a Patricia Bullrich a solicitar el cuarto intermedio del 16 de julio. El proyecto no llegó a ser tratado y la discusión quedó postergada hasta el 6 de agosto.

Luego de esa sesión, Bullrich se reunió con Sturzenegger para revisar la redacción y buscar una fórmula que pudiera conseguir el respaldo de los bloques dialoguistas. La senadora afirmó entonces que ambos habían logrado un acuerdo y que intentarían avanzar con el dictamen en agosto.

Doble autorización para empresas vinculadas con Estados extranjeros

Otro de los cambios incorporados contempla un sistema de “doble aval” para determinadas operaciones.

La adquisición de tierras por parte de empresas con participación de un Estado extranjero estaría prohibida, salvo que cuente con la autorización de la provincia donde se encuentre el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Las compras ubicadas en zonas de seguridad de frontera también quedarían sujetas a controles especiales y a la aprobación de las autoridades nacionales y provinciales.

Esta condición ya estaba presente en los últimos borradores negociados por el oficialismo: las empresas con participación estatal extranjera debían contar con autorización provincial y nacional para concretar una operación.

El Gobierno considera que este mecanismo permite diferenciar a los inversores privados de las compañías controladas directa o indirectamente por otros Estados.

Una reforma más amplia que la Ley de Tierras

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no se limita a modificar el régimen de tierras rurales.

La iniciativa también contiene cambios en los procedimientos de expropiación, los plazos para desalojos y la regulación sobre terrenos afectados por incendios.

Durante el debate en comisiones fueron retirados o modificados varios capítulos ante los cuestionamientos de la oposición y de organizaciones sociales. Entre ellos quedó afuera la reforma vinculada con los barrios populares, que había generado críticas por la posibilidad de facilitar desalojos.

El texto atravesó al menos 15 borradores desde la firma del dictamen, una señal de las dificultades que encontró el oficialismo para reunir una mayoría.

El oficialismo busca evitar una votación empatada

La Libertad Avanza sostiene que, después de las últimas concesiones, contaría con los votos necesarios para aprobar el proyecto en general y avanzar con la votación de cada capítulo.

De todos modos, el escenario continúa ajustado y dependerá de la asistencia y de la posición final de los senadores provinciales y dialoguistas.

La sesión será presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en caso de que Victoria Villarruel deba quedar al frente del Poder Ejecutivo por un viaje presidencial.

La expectativa del Gobierno es conseguir la media sanción sin llegar a un empate que obligue a la autoridad de la Cámara a definir la votación.

En caso de ser aprobado por el Senado, el proyecto deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.

Fuentes: Agencia Noticias Argentinas, Senado de la Nación, declaraciones de Diego Santilli y Patricia Bullrich, Infobae, LA NACION, TN y El País.