El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 26.639, conocida como Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, cuenta con el apoyo de provincias vinculadas a la actividad minera, pero generó un amplio rechazo de organizaciones ambientales, sectores científicos, gremios y comunidades de distintas regiones del país.
El texto ingresó al Congreso este lunes y el Ejecutivo solicitó un tratamiento legislativo rápido, en línea con los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo con los gobernadores. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es “ordenar el régimen legal vigente”, reducir la incertidumbre jurídica y fortalecer el rol de las provincias en la gestión ambiental y de los recursos naturales.
Qué plantea la reforma
El proyecto introduce cambios en los artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° de la ley actual, e incorpora un nuevo artículo 3° bis. Uno de los ejes centrales es redefinir qué glaciares y ambientes periglaciales quedan protegidos, limitando el alcance de la ley a aquellos que cumplan una función hídrica efectiva, ya sea como reservas estratégicas de agua o como recarga de cuencas.
El nuevo texto define a los glaciares como bienes de carácter público y plantea que su protección debe interpretarse de manera compatible con la Constitución Nacional, combinando el derecho a un ambiente sano con la utilización racional de los recursos naturales y el dominio originario de las provincias.
Desde el Ejecutivo aseguran que la reforma no busca reducir los estándares de protección ambiental, sino evitar “prohibiciones absolutas y genéricas” que, según argumentan, no contemplan evidencia científica ni particularidades territoriales.
Más poder para las provincias
Otro punto clave es el fortalecimiento del rol de las provincias en la evaluación de impacto ambiental. El proyecto propone que las jurisdicciones locales determinen, a través de estudios técnicos, qué glaciares y geoformas periglaciales cumplen funciones hídricas y cuáles quedan alcanzadas por las prohibiciones.
La evaluación ambiental provincial será considerada decisiva para autorizar o rechazar actividades productivas, garantizando instancias de participación ciudadana en línea con la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Cambios en el Inventario Nacional de Glaciares
La iniciativa también redefine la relación entre el IANIGLA y las provincias. Si bien reconoce el trabajo del instituto, el Gobierno sostiene que el Inventario Nacional de Glaciares solo completó una primera etapa y que aún falta determinar la función hídrica real de muchas geoformas relevadas.
En ese marco, se habilita a las provincias a aportar información técnica para incorporar o excluir geoformas del inventario. Incluso se establece que una autorización provincial para un proyecto productivo no quedará invalidada si el inventario nacional no fue actualizado.
El respaldo de las provincias mineras
En los fundamentos del proyecto se menciona el pedido de las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre, que suma a Mendoza y San Juan. Los gobernadores de estas provincias plantearon que la ley vigente genera conflictos interpretativos que dificultan el desarrollo económico sostenible y la llegada de inversiones.
Desde Nación afirman que la reforma responde a ese reclamo y busca generar reglas claras para la explotación de recursos naturales en un marco federal.
Rechazo ambiental y científico
La iniciativa provocó una fuerte reacción de organizaciones sociales, ambientales y científicas. Más de 25 entidades difundieron un documento conjunto advirtiendo que la modificación implicaría un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua y podría habilitar actividades extractivas en zonas actualmente protegidas.
Los críticos sostienen que la ley vigente no frena el desarrollo, sino que establece límites claros para evitar daños irreversibles. También advierten que modificarla podría violar el principio de no regresión ambiental establecido en acuerdos internacionales.
Desde el ámbito científico señalaron que excluir glaciares pequeños o gran parte del ambiente periglacial es “riesgoso e incorrecto”, ya que estos cumplen un rol clave en el sistema hídrico andino.
Movilizaciones en distintas ciudades
En paralelo al debate legislativo, se registraron movilizaciones en varias localidades del país, entre ellas El Calafate, El Chaltén, Río Gallegos y Caleta Olivia, en defensa de la Ley de Glaciares. Las organizaciones convocantes remarcaron que la protección del agua es un tema estratégico frente a la crisis climática y ambiental.
La postura de Santa Cruz
Desde el Gobierno de Santa Cruz señalaron que el ordenamiento territorial minero provincial no está en discusión. El secretario de Minería, Pedro Tiberi, afirmó que la actividad minera está limitada a la zona centro y norte de la provincia y que todo el sector cordillerano permanece fuera de la explotación.
Además, remarcó que gran parte de la cordillera santacruceña ya cuenta con protección a través de parques provinciales y nacionales, y que la zonificación minera vigente impide la actividad en áreas sensibles.
El proyecto comenzará ahora su tratamiento en el Senado, donde se anticipa un debate intenso, especialmente en provincias patagónicas y cordilleranas, donde la Ley de Glaciares tiene un impacto directo sobre el ambiente, la producción y el uso del territorio.
