A casi nueve años del crimen de Vicente Maillo, ocurrido en Río Gallegos, la familia volvió a marcar su preocupación por el cumplimiento de la sentencia y por distintas derivaciones judiciales que aún permanecen pendientes. En diálogo con Viste, Érica Schupbach, abogada querellante y sobrina de la víctima, sostuvo que “en este momento quedaron tres frentes abiertos e inconclusos: la prisión domiciliaria otorgada a Susana Reina, la situación de Patricia Acosta, esposa de José Reina, y las condiciones de detención de los hermanos José y Luis Reina”.
Schupbach recordó que la Cámara de Apelaciones condenó a prisión perpetua a Susana Reina, José Reina, Luis Reina y Cristian Etchebarne por el homicidio de Vicente Maillo. Según remarcó, la sentencia fue “muy detallada, sólida y dictada por unanimidad”, y luego fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La querellante cuestionó la prisión domiciliaria concedida a Susana Reina. Indicó que el cuerpo médico había dictaminado que podía ser atendida en la cárcel y que la fiscal ante la Cámara Criminal se opuso al beneficio. También señaló que, en el trámite, intervino la Defensoría General y la Oficina de Género, una visita que —según sostuvo— “no es un paso exigido por la ley”.
“Todo esto implica una revictimización. No hay que perder de vista que la familia de Vicente es la víctima, principalmente sus hermanas”, expresó. En ese sentido, cuestionó que se haya considerado la situación de Reina, pero no el impacto que el proceso tuvo sobre la familia de la víctima.
Schupbach también puso el foco en las condiciones de detención de José y Luis Reina. Señaló que la Unidad 15, ubicada en el centro de Río Gallegos, “no tiene condiciones de alta seguridad” y sostuvo que, por el tipo de delito cometido, deberían estar alojados en un establecimiento con mayores medidas de seguridad.
El rol de Acosta
Otro de los puntos centrales fue la situación de Patricia Acosta, esposa de José Reina. La abogada afirmó que la sentencia ordenó investigarla por elementos surgidos durante el juicio oral, pero advirtió que, a cuatro años de esa decisión, la causa “todavía no avanzó” y Acosta no fue llamada a indagatoria.
“Para nosotros fue partícipe necesario. La organización se dio entre todos y ella integraba el grupo familiar”, sostuvo. Además, señaló que en la causa existen audios y mensajes de WhatsApp vinculados a movimientos económicos posteriores al crimen, entre ellos cheques, dinero y certificados de plazo fijo pertenecientes a Vicente Maillo.
La querellante también cuestionó que Acosta continúe viviendo en una propiedad que, según indicó, está inscripta a nombre de Vicente Maillo. Por ese motivo, explicó que inició una causa de desalojo, que aún permanece pendiente.
En tanto fue crítica al observar el vínculo laboral entre Acosta y el vicegobernador Fabian Leguizamon, quien la empleó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz. Recordó además la participación de Acosta en las internas radicales, donde integró la lista “Soluciones”, apadrinada por el propio Vicegobernador.
Apellidos y sentencia
Respecto de los bienes, Schupbach indicó que, tras la quita del apellido Maillo a los condenados y la desheredación de José y Luis Reina, se avanzó en la declaratoria de herederos a favor de las hermanas de Vicente y de Pablo Maillo, hijo de Ernesto Maillo. Hasta que ese trámite concluya, los bienes continúan bajo administración judicial.
“La sentencia quedó como una sentencia fantástica, pero nadie parece ocuparse de que se cumpla. Nosotros nunca quisimos venganza. Solo quisimos justicia”, afirmó.
Schupbach remarcó que la familia mantuvo durante años una actitud de respeto hacia el proceso judicial, pero sostuvo que las últimas decisiones generaron cansancio, enojo y revictimización. “Pasamos de la alegría por una sentencia histórica, de haber logrado que les quitaran el apellido y que fueran desheredados, a tener que enfrentar nuevamente decisiones que nos obligan a seguir reclamando que se cumpla la Justicia”, concluyó.
