La polémica crece en Península Valdés por el cierre de miradores en Caleta Valdés y las denuncias de guías de turismo que hablan de una “privatización encubierta” de las pingüineras. El conflicto tiene como protagonista al biólogo Pablo García Borboroglu, fundador de la Global Penguin Society (GPS), a quien acusan de promover un modelo de conservación que restringe el acceso público y favorece intereses privados.
La guía de turismo Natalia Curin hizo público un texto titulado “El negocio detrás de la conservación: Borboroglu y la privatización silenciosa de las pingüineras en Chubut”, donde advierte sobre el avance de actores privados sobre áreas naturales de uso público. Según su denuncia, el cierre con alambrado de los miradores en La Boca y Caleta Valdés es “el símbolo más claro” de ese proceso.
Curin sostiene que el propio Borboroglu reconoció haber ordenado el cierre durante una reunión en Puerto Madryn, afectando la actividad de guías, agencias y transportistas, además de dejar a cientos de visitantes sin acceso a uno de los paisajes más emblemáticos de la región.
La guía también cuestiona un posible conflicto de intereses, señalando que el biólogo asesora tanto al Ministerio de Turismo como a la estancia Ferro, dos de las partes enfrentadas por la gestión de esas áreas. “Actúa al mismo tiempo como juez, parte y asesor, en un conflicto que debería estar mediado por el Estado”, expresó.
Además, Curin advierte sobre los vínculos internacionales de Borboroglu y la Global Penguin Society, mencionando su cercanía con el embajador estadounidense Marc Stanley, lo que —según ella— “alimenta sospechas sobre la influencia de intereses extranjeros en la gestión de los recursos naturales patagónicos”.
La guía también recordó la llamada “causa pingüinos” en la estancia La Perla, donde Borboroglu tuvo participación como perito y asesor de la fiscalía. Según su planteo, pericias posteriores del Estado provincial habrían demostrado que “la cantidad de pingüinos muertos fue ampliamente exagerada”.
Para Curin, aquel episodio marcó el inicio de “un proceso de control progresivo sobre las pingüineras chubutenses, donde ONG y fundaciones reemplazan la gestión pública bajo el discurso de la conservación científica”.
Y concluyó:
“En nombre de la conservación, se están alambrando los derechos de quienes hacen posible la verdadera protección: los habitantes, guías y trabajadores de la Patagonia.”
