La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha desatado controversia al denegar el acceso de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) a los expedientes de los efectivos de las fuerzas de seguridad federales. Esta acción, realizada en colaboración con su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, ha sido interpretada como un intento de entorpecer las investigaciones sobre los niños y niñas robados durante la dictadura.
Bullrich argumenta que la Conadi, un organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, carece de facultades para realizar dichas investigaciones y que acceder a los legajos violaría la intimidad de los efectivos. Esta postura se suma a otras acciones negacionistas, como las expresadas por Luis Petri en el ámbito de Defensa.
La Conadi, establecida en 1992 durante el gobierno de Carlos Menem en respuesta a un pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, tiene como objetivo aplicar los artículos sobre identidad de la Convención sobre los Derechos del Niño. A lo largo de los años, se le han otorgado diversas facultades, incluido el acceso a archivos gubernamentales para sus investigaciones.
La decisión de Bullrich ha generado críticas por parte de diversos sectores. Se argumenta que al limitar el acceso a información clave, se dificulta el proceso de búsqueda de verdad y justicia por los crímenes de la dictadura. Además, se destaca el retroceso en materia de derechos humanos y la falta de respeto hacia las políticas de Estado en la Argentina.
Esta acción se suma a otras medidas controvertidas de Bullrich, como el desmantelamiento de equipos especializados y la eliminación de recompensas para encontrar a represores prófugos. En conjunto, estas acciones evidencian un retroceso en los esfuerzos por esclarecer los crímenes del pasado y brindar justicia a las víctimas y sus familias.
