De acuerdo con la información difundida, alrededor de 200 familias dependen de los puestos laborales de la cadena farmacéutica. Los empleados exigieron una respuesta del Gobierno de Tierra del Fuego ante la deuda que la Obra Social del Estado Fueguino mantendría con la firma.
El monto adeudado rondaría los 7.000 millones de pesos y se habría acumulado desde el año pasado. La falta de esos pagos habría afectado la capacidad financiera de AutoFarma para cumplir con los salarios y sostener sus fuentes de trabajo.
Sin embargo, la crisis empresarial habría comenzado antes de que se profundizara el conflicto con OSEF. Durante octubre de 2025 cerró una sucursal en Comodoro Rivadavia y, posteriormente, se habrían registrado recortes de personal, reducción de la estructura comercial, deudas con proveedores y dificultades para reponer medicamentos.
En Río Gallegos, el establecimiento presentaría un importante faltante de mercadería y problemas para garantizar su funcionamiento habitual. También existirían inconvenientes para contar con la cantidad de profesionales farmacéuticos requerida para sostener la atención durante las 24 horas.
Los trabajadores también plantearon dudas sobre la administración de la compañía y sostienen que podría haber atravesado un proceso de vaciamiento. En ese contexto, no se descarta una eventual venta de la cadena o la presentación de un pedido de quiebra. Estas situaciones deberán ser determinadas por los organismos administrativos y judiciales correspondientes.
La historia societaria de AutoFarma también estuvo bajo análisis de la Justicia Federal. En 2020 se habría dispuesto la intervención de la cadena durante un año, mientras personas vinculadas con su estructura accionaria fueron investigadas en expedientes por presunto lavado de activos y posibles maniobras relacionadas con fondos provenientes de hechos de corrupción.
Mientras continúa el conflicto, los empleados remarcaron que las obligaciones entre OSEF y AutoFarma no eximen a la empresa de cumplir con el pago de los haberes. El personal espera respuestas sobre los salarios atrasados y certezas respecto de la continuidad de los puestos laborales.

