En Río Gallegos se extiende una modalidad que vulnera derechos básicos: cada vez más profesionales de la salud exigen que las consultas médicas se paguen exclusivamente en efectivo. Esta práctica, además de ilegal, pone en jaque el acceso a la salud, esconde esquemas de evasión impositiva y expone situaciones de empleo no registrado en los equipos de trabajo.
En medio de una crisis económica que golpea fuerte el bolsillo de los santacruceños, acceder a una consulta médica puede convertirse en una odisea. No solo por la escasez de profesionales en varias especialidades, sino también por una exigencia que se repite en cada consultorio: «solo se acepta pago en efectivo».
Esto deja al paciente en una situación de extrema vulnerabilidad. A la urgencia de ser atendido se suma la necesidad de conseguir dinero físico —algo cada vez más difícil en un país donde el uso de medios digitales es la norma—, lo que obliga a muchos a interrumpir turnos, caminar varias cuadras buscando cajeros o, directamente, reprogramar una atención médica.
¿Es legal exigir solo efectivo o cobrar un extra?
A nivel nacional, existen leyes claras que regulan tanto los pagos como los cobros en el ámbito de la salud. La Ley N.º 26.682, que regula la medicina prepaga, establece que los prestadores no pueden cobrar montos adicionales a los establecidos en los contratos con las obras sociales o empresas de medicina. Además, la Ley N.º 27.253 obliga a todos los comercios y profesionales a aceptar medios de pago electrónicos como tarjetas de débito, con el fin de promover la transparencia y evitar la evasión impositiva.
Negarse a aceptar estos medios es ilegal. Y en el caso de la salud, mucho más grave, porque implica una barrera directa al acceso de un derecho esencial.
En Santa Cruz, la situación tiene una particularidad: la Caja de Servicios Sociales (CSS) —obra social obligatoria para los empleados públicos provinciales— sí contempla el cobro de un “copago” por parte del afiliado. A partir de octubre de 2024, el valor oficial del copago por consulta médica fue fijado en $6.000, tanto para especialidades como para consultas generales, oftalmología y guardias. El resto del valor de la consulta lo abona directamente la CSS al profesional.
Sin embargo, han sido denunciadas situaciones donde algunos profesionales cobran sumas muy superiores al copago establecido, muchas veces sin comprobante y exigiendo el pago exclusivamente en efectivo. Esto no solo incumple la normativa impositiva nacional, sino que también vulnera los derechos del paciente a elegir cómo abonar una consulta médica.
La CSS dispone de un canal oficial para denunciar cobros indebidos: css.gov.ar/cobroindebido. Además, la normativa vigente obliga a todos los prestadores a aceptar medios de pago electrónicos, y los pacientes pueden acudir a AFIP, Defensa del Consumidor o la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar cuando esto no se cumple.
Evasión y trabajo en negro
El pago exclusivo en efectivo no solo incumple la ley: suele ser parte de una práctica más profunda de informalidad. Muchos profesionales que trabajan con agenda propia o en consultorios privados evitan declarar ingresos, eludiendo impuestos y contribuciones.
A esto se suma otra problemática poco visible pero recurrente: los trabajadores de los consultorios —recepcionistas, asistentes, personal de limpieza— en su mayoría no están registrados formalmente. Esto implica falta de obra social, aportes previsionales y derechos laborales básicos.
En un contexto donde la presión fiscal y la crisis inflacionaria golpean a todos los sectores, este tipo de evasión no solo daña al Estado: también refuerza desigualdades entre quienes pueden eludir responsabilidades y quienes pagan sus impuestos en regla.
¿Qué se puede hacer?
Ante estas situaciones, los pacientes pueden y deben ejercer sus derechos:
- Solicitar factura o comprobante legal de cada consulta. El profesional está obligado a emitirla.
- Denunciar ante AFIP o Defensa del Consumidor si se niega el uso de medios electrónicos.
- Contactar a la Superintendencia de Servicios de Salud en caso de prácticas irregulares con prepagas u obras sociales.
- Exigir canales formales de atención a los colegios médicos, asociaciones profesionales o entidades que regulan la actividad sanitaria en la provincia.
Una discusión necesaria
Desde VISTE entendemos que no se trata de perseguir a los profesionales de la salud, sino de exigir que el acceso a la atención no esté condicionado por prácticas ilegales o injustas. La salud no puede depender de tener o no efectivo en el bolsillo. Y en una ciudad donde la oferta de especialistas es limitada, estas prácticas afectan aún más a quienes menos pueden elegir.
