La investigación comenzó con una alerta del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires y derivó en múltiples operativos en la capital santacruceña. Se detectaron dispositivos con material de abuso sexual infantil y se encendieron las alarmas por el uso de grupos de WhatsApp como método de captación de menores.
Río Gallegos se convirtió en escenario de una serie de allanamientos en el marco de una investigación nacional sobre distribución de material de abuso sexual infantil. La División de Investigaciones (DDI) local, en conjunto con fuerzas federales, llevó adelante operativos en distintos barrios que resultaron en el secuestro de dispositivos electrónicos y la detención de varios adultos.
Los casos, según se desprende de los informes judiciales, comenzaron con reportes del Cyber Tipline —plataforma que centraliza denuncias de explotación sexual infantil en internet— que fueron canalizados por el Ministerio Público Fiscal bonaerense. A partir de esa información, se identificaron IPs vinculadas a la capital santacruceña, lo que motivó la intervención local.
En uno de los procedimientos más resonantes, tres hombres de 19, 28 y 37 años fueron detenidos tras hallarse en sus viviendas celulares, notebooks, discos externos y hasta una consola de videojuegos con contenido ilícito. En otra causa similar, un hombre de 30 años fue capturado por tenencia y distribución de material, también con un fuerte operativo.
Las autoridades alertaron que los contenidos eran compartidos a través de grupos de WhatsApp con nombres engañosos como “Metan gente” o “Tenemos que llegar a 2000”, donde los administradores, ocultos bajo identidades falsas, compartían videos y ofrecían dinero a menores para que envíen contenido similar.
“La estrategia de estos grupos es captar la atención de chicos y chicas con desafíos virales o promesas de premios, y luego ir escalando el contacto hacia propuestas sexuales”, explicaron fuentes cercanas a la investigación.
Aunque en Argentina los menores de 16 años no son punibles penalmente, las fuerzas de seguridad y los organismos de protección de derechos intervienen de forma inmediata en estos casos, aplicando protocolos especiales de asistencia psicológica y contención familiar.
La causa sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones. Mientras tanto, se insiste en la importancia de que madres, padres y cuidadores supervisen el uso de redes sociales y servicios de mensajería de niños, niñas y adolescentes.
