Las universidades nacionales anunciaron un paro por 72 horas a partir del miércoles, en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso por segunda vez y promulgada el 21 de octubre, pero sin presupuesto asignado para su implementación.
La norma establece una recomposición salarial y fondos para evitar el vaciamiento de la educación pública, pero los gremios advierten que el Ejecutivo “decidió no aplicarla”, lo que consideran una violación constitucional.
“La ley debe aplicarse, sin más demora. Es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública”, señaló Ileana Celoto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD–UBA).
Según los gremios, el Gobierno mantiene una deuda del 44% de aumento salarial con el sector, y denuncian que los docentes universitarios “ya no pueden sostener más las tareas con los sueldos que perciben”.
“En muchos casos los salarios están por debajo de la línea de pobreza. Hay docentes que piden reducir horas porque no pueden continuar. Se están vaciando los equipos de trabajo”, advirtió Celoto.
Un reclamo que se profundiza
La Federación Universitaria Argentina (FUA), junto a organizaciones estudiantiles y sindicatos docentes, ratificó que las medidas de fuerza buscan visibilizar el deterioro del sistema universitario y de los derechos laborales.
“Debemos continuar con la profundización de las protestas contra la reforma laboral y el plan de esta gestión, que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales”, afirmó Pilar Barbas, secretaria de la FUA.
En declaraciones a radio La 750, Barbas reclamó una movilización nacional para unir las demandas de los distintos sectores:
“Después de que se tiraron los vetos, el gobierno decidió no aplicar la ley, como pasó con la Ley de Discapacidad. Si eso deja de estar en el cotidiano de la gente, el Ejecutivo sigue avanzando con su plan. Una movilización sería importante”, sostuvo.
“Ya es una deuda, no un reclamo”
Los gremios docentes coinciden en que el incumplimiento de la ley configura una deuda del Estado con las universidades, más que una simple demanda sindical.
“Hoy, de acuerdo a lo que estipula la ley, nos deben un 44% de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo”, reiteró Celoto.
Mientras tanto, el paro afectará las actividades académicas y administrativas de todas las universidades nacionales durante tres días, y no se descarta una movilización federal si el Gobierno no da señales de cumplimiento.
La Ley de Financiamiento Universitario fue impulsada para garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento del sistema público de educación superior, asegurar salarios dignos y frenar el vaciamiento presupuestario. A casi un mes de su promulgación, su aplicación sigue siendo una de las principales demandas del sector educativo en todo el país.
