Roxana Nahir Reyes y el abogado Javier A. Stoessel presentaron una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción en turno de Río Gallegos, con el objetivo de que se investiguen posibles irregularidades en la celebración de un contrato entre la empresa estatal provincial Santa Cruz Puede S.A.U. y la firma privada South Horizen S.A.S.
La presentación judicial solicitó la apertura de una investigación para determinar si los hechos denunciados podrían configurar el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, contemplado en el artículo 174, inciso 5, en función del artículo 173, inciso 7, del Código Penal.
Según surge del escrito, los denunciantes pidieron que se determinen las eventuales responsabilidades penales de las personas que intervinieron en la operación contractual.
En ese sentido, la documentación identificó a Gustavo Adrián Sívori, quien suscribió el contrato en carácter de presidente del Directorio de Santa Cruz Puede S.A.U., y a Eugenio Fernando Grela, quien lo hizo como administrador titular de South Horizen S.A.S.
Asimismo, la denuncia planteó que la investigación podría extenderse a otros integrantes de los órganos de administración y fiscalización de la sociedad estatal, así como a terceros, en caso de que surgieran elementos que justificaran su intervención.
Los denunciantes también solicitaron la adopción de medidas de investigación y aseguramiento de pruebas para esclarecer las circunstancias en las que se concretó el acuerdo entre ambas empresas.
Por otra parte, Reyes informó que, junto a Stoessel, entregaron una copia de la denuncia al doctor Eduardo Sosa, en su carácter de jefe de Fiscales.
La presentación busca establecer si existieron conductas que pudieran constituir delitos de acción pública y, eventualmente, identificar a sus responsables.
Por el momento, se trata de una denuncia que solicita la intervención judicial, sin que los hechos expuestos impliquen responsabilidades penales acreditadas.
