El sindicalista Pablo Biró, líder del gremio de pilotos, fue despedido del directorio de Aerolíneas Argentinas este miércoles durante una asamblea de accionistas que consideró que su conducta perjudicaba los intereses de la compañía.
La asamblea, convocada por el Gobierno, accionista mayoritario de Aerolíneas, tuvo lugar en el auditorio de la empresa en Aeroparque a las 11 de la mañana. El único punto de la reunión fue la destitución de Biró, quien hasta entonces ocupaba uno de los cinco asientos en el directorio en representación del Programa de Propiedad Participada (PPP) de los trabajadores.
El reemplazante de Biró será, según informó Clarín, Eduardo García, otro dirigente gremial de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), quien lleva 44 años en la empresa. García, que era director suplente, debería completar el mandato.
La empresa aclaró que la expulsión de Biró fue una medida personal y no altera la representación de las acciones. A su vez, se espera que el gremio de pilotos recurra a la Justicia para intentar revertir la decisión de remover a su líder.
Biró había publicado el lunes un video en la cuenta de X de APLA, donde, vestido con su uniforme de piloto y con música de fondo, defendió a Aerolíneas Argentinas diciendo que «no es una compañía, no es una empresa, es la Argentina misma». También agregó que el futuro de las próximas generaciones depende de la lucha por la defensa de la aerolínea de bandera y los intereses nacionales.
«Queremos que quede claro eso, cuando estemos dando la lucha en cada avión, en cada aeropuerto, que Aerolíneas no nos pertenece a nosotros, es de todos los argentinos. Y por eso, la vamos a defender», afirmó con vehemencia.
El pasado 10 de septiembre, el Gobierno había comunicado su intención de avanzar con la expulsión de Biró tras un paro en Aeroparque y Ezeiza que afectó a miles de pasajeros. Para justificar su salida, se apoyaron en el artículo 59 de la Ley General de Sociedades, que establece que los directores son responsables «ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión».
La medida fue un pedido explícito del Gobierno, a través de la Secretaría de Transporte, accionista principal de la aerolínea. «Se tomarán las acciones necesarias para iniciar el proceso de expulsión de dicho órgano», había anticipado el comunicado oficial.
