La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar los chats de WhatsApp y correos electrónicos del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor Sergio Massa, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La medida busca aportar nuevas pruebas que respalden la tesis de que la petrolera —y otras empresas estatales— están controladas directamente por el Estado argentino, lo cual habilitaría su embargo.
La decisión, tomada tras un pedido de los beneficiarios del fallo que condenó al país a pagar más de 16 mil millones de dólares, incluye también a compañías como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA, a las que se intenta vincular como posibles «alter ego» del Estado nacional.
El especialista Sebastián Maril explicó que el objetivo es encontrar “bienes embargables” para poder ejecutar el fallo. Sin embargo, aclaró que la jueza Preska no hizo el pedido por iniciativa propia, sino que simplemente dio lugar a una solicitud de los litigantes, relacionada con ciertas palabras clave y comunicaciones oficiales.
Desde el Gobierno argentino calificaron la decisión como una intromisión que viola la soberanía nacional, además de considerarla un abuso del proceso judicial. Argumentan que ya se entregaron más de 100 mil páginas de documentación, incluyendo datos financieros de Argentina tanto en el país como en el exterior, y que este nuevo paso es parte de una estrategia de hostigamiento judicial impulsada por Burford Capital, el fondo buitre que financia el juicio.
En paralelo, el Estado presentó un escrito ante la Cámara de Apelaciones de EE. UU. para evitar la ejecución del fallo, advirtiendo que avanzar con la entrega de acciones de YPF podría generar un “daño irreparable” y hasta desatar un conflicto diplomático con Washington.
La jueza Preska ya fijó una nueva audiencia para el próximo 6 de agosto, mientras Argentina evalúa nuevas vías para apelar lo que considera un discovery sin precedentes. El caso, uno de los más costosos que enfrenta el país en tribunales internacionales, sigue escalando y amenaza con reabrir tensiones políticas, diplomáticas y financieras.
