La Justicia Federal de Río Gallegos avanzó este jueves 12 de noviembre con la formalización de las acusaciones contra doce personas investigadas por presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos. Las audiencias se desarrollaron durante gran parte de la jornada y permitieron conocer los hechos atribuidos a cada uno de los involucrados, en el marco de dos expedientes que mantienen bajo investigación posibles conexiones entre el transporte de estupefacientes y la administración de bienes de origen ilícito.
Los procedimientos judiciales se realizaron luego de los 27 allanamientos desplegados desde el lunes 9 de noviembre en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires. Los operativos permitieron avanzar sobre una investigación que comenzó hace aproximadamente once meses y que tiene entre sus principales líneas de trabajo el presunto traslado de cocaína mediante vehículos de una empresa transportista.
En total, la causa involucra a doce personas, nueve vinculadas con las actuaciones en Santa Cruz y tres en Buenos Aires. Entre ellas se encuentran el empresario Lázaro Báez y Claudia Insaurralde, quienes participaron de las audiencias mediante videoconferencia. En tanto, varios de los detenidos fueron trasladados bajo custodia hasta la sede judicial de Río Gallegos.
La primera audiencia comenzó durante la mañana, cuando cinco personas, entre ellas una mujer, ingresaron esposadas al edificio de la Justicia Federal. Una de las investigadas había sido detenida previamente en el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, luego de arribar en un vuelo procedente de la capital santacruceña. Las actuaciones se extendieron hasta después de las 16:30.
Durante las audiencias, el fiscal federal Julio Zárate presentó ante el juez de garantías Claudio Vázquez las acusaciones formuladas contra los investigados. La exposición incluyó una descripción de los hechos, las calificaciones legales provisorias, los elementos probatorios reunidos y el grado de participación que la Fiscalía atribuye a cada persona.
Uno de los expedientes apunta a determinar si existió una organización dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes. Esta investigación comenzó hace aproximadamente once meses y contempla, entre sus principales hipótesis, la posible utilización de camiones de transporte para movilizar cocaína. Los investigadores buscan reconstruir el funcionamiento del presunto circuito de distribución y establecer las responsabilidades individuales.
En paralelo, una segunda investigación iniciada hace alrededor de dos meses analiza posibles maniobras de lavado de activos. Esta línea procura establecer si existió una estructura destinada a administrar, explotar o poner en circulación bienes vinculados con Lázaro Báez que pudieran tener un origen ilícito. La eventual relación entre ambas actividades constituye uno de los aspectos que intenta esclarecer la Justicia Federal.
La formalización de las acusaciones representa un nuevo avance procesal en una investigación que continúa abierta. Los cargos comunicados son provisorios y no implican una declaración de culpabilidad. Mientras se analizan los elementos obtenidos durante los allanamientos, no se descarta la realización de nuevas medidas de prueba ni la posibilidad de que otras personas queden alcanzadas por las actuaciones judiciales.
