El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti participaron de la Mesa Política en Casa Rosada, donde se avanzó en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. El texto será presentado la próxima semana y el Gobierno anticipó nuevas sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas.
La cuestión Malvinas volvió a ocupar el centro de la agenda del Gobierno nacional. Este martes, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti se sumaron a la reunión de la Mesa Política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para avanzar sobre las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei.
Uno de los principales puntos fue el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo texto, según fuentes oficiales, será enviado al Congreso la próxima semana.
Del encuentro también participaron Luis Caputo, Diego Santilli, Martín Menem, Patricia Bullrich, Eduardo “Lule” Menem, Santiago Caputo e Ignacio Devitt.
Quirno y Presti viajarán a Tierra del Fuego
La agenda continuará este viernes en Tierra del Fuego, donde Quirno y Presti recorrerán la zona prevista para la Base Naval Integrada.
Desde el Ministerio de Defensa señalaron que el objetivo es acelerar la construcción y que el financiamiento estará contemplado dentro del Presupuesto Nacional, sin recurrir a préstamos.
La intención oficial es priorizar la infraestructura operativa y comenzar las obras antes de fin de año, una vez concluidos los procesos licitatorios.
La ubicación de la base en Ushuaia le otorga además un carácter estratégico por su proximidad con el Atlántico Sur y la Antártida.
Más sanciones por la explotación de hidrocarburos
Paralelamente, el Gobierno profundizó las acciones contra compañías y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
Luego de iniciar procedimientos contra 45 personas jurídicas y empresas durante el fin de semana, este martes se incorporaron otros 15 sujetos que, según el Ejecutivo, habrían incumplido las prohibiciones establecidas por la legislación argentina.
Las medidas se encuadran en el Decreto 868/2026, que reglamentó y endureció el régimen previsto por la Ley 26.659.
Cancillería quedó establecida como autoridad de aplicación y tendrá a su cargo las investigaciones y eventuales sanciones.
El nuevo esquema también establece que las compañías interesadas en acceder a determinados permisos, concesiones petroleras o beneficios del RIGI deberán acreditar el cumplimiento de la legislación argentina sobre actividades hidrocarburíferas en el área en disputa.
Una denuncia penal por el proyecto Sea Lion
La ofensiva avanzó además hacia el terreno judicial.
Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas, además de los directivos que pudieran haber intervenido en las operaciones investigadas.
El expediente quedó radicado en el juzgado federal de Julián Ercolini.
El Gobierno sostiene que las compañías poseen licencias otorgadas por el Reino Unido para desarrollar actividades en la Cuenca Malvinas Norte y considera que esas operaciones vulneran la Ley 26.659.
La presentación está vinculada con Sea Lion, el proyecto petrolero desarrollado por Navitas y la británica Rockhopper, que prevé comenzar su producción en 2028.
Las compañías, por su parte, sostienen que sus licencias fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las Islas y cuentan con respaldo británico.
Tres gigantes petroleros tomaron distancia
Las nuevas medidas también provocaron movimientos dentro del sector energético.
SLB, Halliburton y Baker Hughes comunicaron que no participan ni tienen previsto participar en licitaciones destinadas a prestar servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
Las tres compañías tienen una importante presencia en Argentina, particularmente en Vaca Muerta.
Sin embargo, ninguna participa actualmente del proyecto Sea Lion. Por eso, sus definiciones no implican que el desarrollo petrolero haya quedado detenido: Navitas, con el 65%, y Rockhopper, con el 35%, mantienen por ahora sus planes de producción.
Respaldo empresario al reclamo argentino
El endurecimiento de la posición argentina recibió también el respaldo del Grupo de los Seis (G6), integrado por ADEBA, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina.
Las entidades manifestaron su apoyo al reclamo argentino de soberanía y a las acciones destinadas a proteger los recursos naturales.
Con el proyecto que llegará al Congreso, el viaje a Tierra del Fuego, las nuevas sanciones y la denuncia penal contra empresas petroleras, el Gobierno busca avanzar ahora sobre medidas concretas vinculadas al reclamo argentino por las Islas Malvinas y sus recursos.
