En un giro inesperado, el Gobierno de Javier Milei, que había liberado las tarifas de medicina prepaga mediante un decreto, ahora revierte su posición ante la presión social y la falta de competencia en el sector. A pesar de que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) permitía a las empresas aumentar sus tarifas sin restricciones, la falta de moderación en los precios llevó al Ministerio de Economía a intervenir y establecer un esquema de aumentos atado a la inflación.
Este cambio de rumbo, que implica retrotraer las tarifas al nivel de diciembre y ajustarlas según la inflación mensual, supone un golpe político al discurso de libre mercado de Milei y al modelo económico que promovía. La medida se toma en medio de confusión y contradicciones, ya que el mismo Ministerio de Economía había presentado un amparo judicial para detener los aumentos, mientras el DNU seguía en vigor.
La decisión de regular nuevamente los precios evidencia la capitulación política del gobierno y la falta de coherencia en su gestión. A pesar de las denuncias de posibles prácticas cartelizadoras en el sector, el gobierno optó por regular los precios en lugar de imponer multas por conductas anticompetitivas, como hacen otros países con economías liberales.
Además, la eliminación del esquema de información de costos establecido por ley complica aún más la situación, ya que ahora el gobierno no tiene manera práctica de garantizar que las empresas reembolsen a los usuarios el dinero cobrado de más en los últimos meses.
En este escenario, la intervención del gobierno en el mercado de medicina prepaga plantea interrogantes sobre la viabilidad de la auto-regulación y pone en tela de juicio la efectividad del modelo económico basado en el libre mercado. La medida también genera incertidumbre sobre la posibilidad de futuras intervenciones en otros sectores, como combustibles, telecomunicaciones y educación privada.
En respuesta a la decisión del gobierno, las empresas de medicina prepaga advierten sobre las dificultades prácticas de implementar el nuevo esquema de aumentos y plantean resistencia a acatar la medida. Argumentan que ya han pagado a los prestadores de salud con aumentos y que no tienen fondos suficientes para devolver el dinero a los usuarios.
En resumen, la regulación de precios en el sector de medicina prepaga marca un punto de inflexión en la política económica del gobierno de Milei y plantea desafíos significativos tanto para el sector privado como para los usuarios del sistema de salud.
