En un intento por conseguir la prisión domiciliaria, represores condenados por crímenes de lesa humanidad han solicitado participar en una audiencia judicial para presentarse como víctimas de un proceso que califican de injusto. Este movimiento se da a pocos días de cumplirse un año de la gestión presidencial de Javier Milei y Victoria Villarruel, en un contexto donde las expectativas de los acusados de obtener la libertad aún no se han materializado.
El pedido fue formulado mediante un hábeas corpus colectivo presentado en una jurisdicción estratégica por organizaciones afines, como Justicia y Concordia, liderada por Alberto Solanet. La solicitud busca ampararse en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, argumentando que la prisión domiciliaria sería una medida acorde a tratados internacionales. Sin embargo, el planteo está dirigido especialmente a los condenados por delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales cumplen condena en condiciones diferenciadas en penales como Campo de Mayo y Ezeiza.
Entre los firmantes del recurso figuran nombres emblemáticos del terrorismo de Estado, como Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Donda, el cura Christian Von Wernich y Alejandro Duret. Curiosamente, Alfredo Astiz, conocido por sus atroces crímenes, no fue mencionado en la nómina, lo que ha levantado sospechas de omisiones deliberadas.
El juez Martín Yadarola rechazó inicialmente el hábeas corpus, calificándolo de genérico y señalando que la decisión sobre medidas alternativas a la prisión recae en los jueces naturales de cada caso o en el Congreso. Sin embargo, la Cámara del Crimen, integrada por los jueces Magdalena Laiño y Rodolfo Pociello Argerich, revocó esta decisión y ordenó la realización de una audiencia previa para evaluar el pedido, lo que ha sido interpretado como un avance favorable para los represores.
La audiencia, aún sin fecha definida, se perfila como un escenario clave. Los detenidos buscan argumentar que sus derechos humanos están siendo vulnerados, utilizando incluso jurisprudencia como el fallo Verbitsky, que denunció el hacinamiento en cárceles bonaerenses. Este enfoque ha generado indignación entre organizaciones de derechos humanos, que lo ven como un intento de trivializar los crímenes cometidos durante la dictadura.
El proceso ha generado tensiones entre los tribunales nacionales y federales, con críticas a la estrategia de “fórum shopping” empleada por las organizaciones pro-represores para esquivar la justicia federal. Según datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, el 80% de los condenados por estos delitos ya cumple arresto domiciliario, lo que refuerza las críticas hacia este nuevo intento por beneficiar a los genocidas.
La audiencia será además una prueba para el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, cuyo papel en el tratamiento de los detenidos será puesto bajo escrutinio. La sociedad argentina, a la espera de justicia y memoria, observa con atención los desarrollos de este polémico caso.
