La presentación judicial fue realizada por la fiscal de Estado, Natalia Linardi, con el patrocinio del abogado Emilio José Monzón, y quedó radicada ante la Justicia provincial. El objetivo es determinar eventuales responsabilidades penales por una serie de hechos que, según la denuncia, afectaron el normal funcionamiento de la administración pública.
De acuerdo con el escrito, los incidentes se registraron alrededor de las 11 de la mañana, cuando manifestantes ocuparon sectores del predio gubernamental y bloquearon la circulación de vehículos oficiales. La denuncia sostiene que las acciones desarrolladas durante la protesta impidieron el normal desenvolvimiento de las actividades estatales y generaron inconvenientes para el personal que cumple funciones en el edificio.
Según la presentación, el reclamo incluyó la ocupación de espacios exteriores de la Casa de Gobierno, entre ellos jardines y accesos, lo que habría dificultado el ingreso y egreso de vehículos oficiales. Para la Fiscalía, esta situación produjo una alteración del orden público y generó un escenario de vulnerabilidad para trabajadores y funcionarios presentes en el lugar.
El organismo provincial también argumentó que la obstrucción de los accesos afectó la libertad de circulación y el ejercicio de funciones públicas, al tiempo que interpretó que las medidas de protesta buscaron ejercer presión sobre las autoridades en el marco de las negociaciones salariales que mantienen los efectivos autoconvocados.
En ese contexto, la Fiscalía encuadró preliminarmente los hechos en los delitos de atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción, contemplados en distintos artículos del Código Penal. La denuncia sostiene que existieron acciones destinadas a impedir el normal funcionamiento de dependencias estatales mediante mecanismos de fuerza e intimidación.
Como respaldo probatorio, la presentación incorpora documentación oficial, actuaciones notariales, publicaciones difundidas en redes sociales y registros audiovisuales vinculados a los incidentes denunciados. Además, se aportó un dispositivo de almacenamiento con material audiovisual que será incorporado a la investigación.
Entre las medidas solicitadas al Poder Judicial, la Fiscalía requirió de manera urgente la preservación y el secuestro de las grabaciones de las cámaras de seguridad de Casa de Gobierno. El objetivo es garantizar la conservación de las pruebas y avanzar en la identificación de las personas que habrían participado de los hechos denunciados.
La presentación se produce en medio de un escenario de creciente tensión entre el Gobierno provincial y los policías autoconvocados. Tras el fracaso de las negociaciones desarrolladas en la Mesa del Salario policial, los manifestantes resolvieron mantener las carpas instaladas en las inmediaciones de Casa de Gobierno y continuar con las medidas de fuerza.
Desde el sector policial sostienen que las propuestas salariales presentadas hasta el momento resultan insuficientes para atender la situación económica de los efectivos, por lo que ratificaron la continuidad de las protestas mientras aguardan una nueva convocatoria al diálogo.
