El 24 de febrero de 2025, el Gobierno nacional oficializó la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima denominada Carboeléctrica Río Turbio S.A., a través del Decreto 115/25 publicado en el Boletín Oficial.
Esta medida forma parte de una serie de reformas impulsadas por el presidente Javier Milei con el objetivo de reestructurar empresas estatales, permitiendo la participación de capitales privados y optimizando su administración. En este caso, el Estado mantendrá el control mayoritario, mientras que la nueva figura jurídica buscará atraer inversiones para garantizar la sustentabilidad de la empresa.
La norma establece que la representación de los derechos sobre las acciones del Estado Nacional se distribuirá de la siguiente manera: el 95% de la participación accionaria quedará en manos de la Secretaría de Energía, mientras que el 5% restante será administrado por la Secretaría de Minería, ambas bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Previo al anuncio oficial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, sobre la decisión del presidente.
Según trascendidos, tres grupos económicos han mostrado interés en la empresa estatal, que abarca tanto la explotación de la mina de carbón como la operación de dos centrales de generación de energía. Desde el Gobierno aseguran que antes de avanzar con la venta se llevará a cabo un proceso de saneamiento, un término que genera preocupación entre los trabajadores, ya que en múltiples ocasiones La Libertad Avanza ha cuestionado el número de empleados del yacimiento, lo que podría traducirse en despidos.
Un cambio en el régimen laboral
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es que todo el personal de YCRT pasará automáticamente al régimen de empleo privado. Según argumenta Gonzalo Chute, abogado funcionario del Municipio de Río Gallegos, esto implica la pérdida de los derechos adquiridos del empleo público, incluyendo la estabilidad laboral, dejando a los trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad:
«Por un decreto y bajo la excusa de la creación de la ‘figura jurídica’, se les quita a los trabajadores de YCRT los derechos propios del empleo público y quedan a tiro de Carta Documento para ser despedidos sin posibilidad de reincorporación. No es para los nuevos empleados, sino que expresamente incluye a todos los trabajadores, vulnerando los derechos adquiridos.»
Desde sectores críticos al Gobierno advierten que esta transformación tiene como verdadero objetivo achicar la empresa, avanzar en su privatización y debilitar la actividad económica de las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre, que dependen en gran medida de la actividad minera.
Antecedentes y contexto
La decisión sobre YCRT se suma a otras medidas similares, como la reciente conversión del Banco Nación en sociedad anónima, lo que permitiría la incorporación de inversores privados en la mayor entidad financiera del país. Estas reformas forman parte de una estrategia gubernamental más amplia para reducir la participación estatal en la economía.
Por el momento, el futuro de YCRT y sus trabajadores genera incertidumbre. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de modernizar la empresa para hacerla sostenible, desde la oposición y los sindicatos alertan sobre la pérdida de derechos laborales y el impacto social que podría tener en la región.
La transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en sociedad anónima ha generado preocupación por la estabilidad laboral de sus empleados y el futuro de la empresa. Para contextualizar esta situación, es útil analizar casos previos de privatización en la provincia de Santa Cruz, como el del Banco Santa Cruz.
El caso del Banco Santa Cruz
En 1995, durante la gobernación de Néstor Kirchner, se inició el proceso de privatización del Banco de la Provincia de Santa Cruz. Mediante la transformación de la entidad en sociedad anónima y la venta parcial de su paquete accionario, el banco pasó a manos privadas el 23 de octubre de 1998, cuando se concretó la transferencia accionaria y la nueva administración asumió el control efectivo.
Este proceso implicó que la provincia asumiera el pasivo de más de 200 millones de dólares a través de un «Banco Residual», mientras que el grupo privado adquirente, liderado por Enrique Eskenazi, se hizo cargo de la entidad saneada.
Paralelismos y lecciones para YCRT
La experiencia del Banco Santa Cruz ofrece lecciones relevantes para el caso de YCRT:
- Impacto en el empleo: La privatización del banco llevó a cambios en la estructura laboral y en las condiciones de empleo. En el caso de YCRT, la transformación en sociedad anónima y el paso al régimen de empleo privado generan inquietud entre los trabajadores por la posible pérdida de derechos adquiridos y estabilidad laboral.
- Asunción de pasivos: Al igual que en la privatización del banco, donde la provincia asumió los pasivos, es crucial definir cómo se manejarán las deudas y obligaciones financieras de YCRT en este nuevo esquema.
- Participación privada: La entrada de capitales privados puede traer inversiones y modernización, pero también plantea desafíos en términos de control estatal y orientación de la empresa hacia el desarrollo regional.
La historia del Banco Santa Cruz demuestra que la privatización y transformación de entidades públicas en sociedades anónimas tienen implicaciones profundas en lo económico, laboral y social.
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