El abogado laboralista Julián De Diego, uno de los asesores más cercanos al Gobierno en la elaboración del borrador de la reforma laboral, aseguró que la iniciativa no busca recortar derechos, sino “modernizarlos”. Según su explicación, el objetivo es “adaptar la legislación a los nuevos tiempos” y “mejorar la competitividad”, términos que en el pasado ya fueron utilizados por sectores empresariales para justificar flexibilizaciones laborales.
Aunque aclaró que no forma parte formal del Gobierno, De Diego admitió haber sido consultado en distintos momentos sobre aspectos del proyecto. Su figura despierta polémica: asesoró a empresas como Rappi, colabora con el secretario de Trabajo Julio Cordero y fue autor de la ley de ART de los años noventa, posteriormente declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Para juristas y gremialistas, su participación representa un claro conflicto de intereses.
El abogado consideró que la actual Ley de Contrato de Trabajo, vigente desde hace 50 años, está “anacrónica” frente al avance de las nuevas tecnologías. Defendió además la creación de un “banco de horas” y rechazó la reducción de la jornada laboral, asegurando que “los países que la implementaron perdieron competitividad”.
Para De Diego, la reforma no implica pérdida de derechos, sino una actualización necesaria. “En los últimos 14 años el empleo registrado no creció. Ningún gobierno logró cambiar eso. Esta ley no vulnera derechos, busca dinamizar el mercado laboral”, argumentó.
Sin embargo, sus antecedentes y sus vínculos empresariales hacen que sus declaraciones sean recibidas con cautela. Mientras el Gobierno prepara el texto final de la reforma —redactado en un grupo cerrado del Ministerio de Capital Humano junto a Federico Sturzenegger y Julio Cordero—, los sindicatos ya anticipan un fuerte rechazo y se preparan para enfrentarlo.
