La presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos, Daniela D’Amico, responsabilizó al Ejecutivo Municipal por la interrupción de la cadena de pagos que mantiene deudas con proveedores y afecta directamente el normal funcionamiento del Poder Legislativo.
“El Concejo tiene presupuesto. El problema es que el Ejecutivo interviene en la cadena administrativa de pagos y hoy esa cadena está interrumpida. Hay proveedores a los que se les debe y que directamente ya no quieren venderle a la Municipalidad”, señaló D’Amico.
La Presidenta del HCD remarcó que el Ejecutivo conoce perfectamente la situación: “Saben cuáles son los proveedores y cuáles son los expedientes. Lo hemos hablado personalmente en reiteradas oportunidades y cada uno de esos expedientes se encuentra dentro del circuito administrativo del Ejecutivo”.
D’Amico cuestionó especialmente las prioridades establecidas en los pagos municipales: “Resulta muy difícil explicar que se hayan pagado $5.647.995 por la adquisición de plantas y, al mismo tiempo, se mantengan deudas con librerías y proveedores de insumos esenciales. No estamos ante una falta de presupuesto: estamos ante una decisión sobre qué se paga y qué no se paga”.
Asimismo, rechazó que el reclamo responda a una estrategia política y sostuvo que, si se pretende llevar la discusión a ese terreno, “entonces hay que decir claramente que Grasso, como responsable del Ejecutivo Municipal, es quien debe garantizar que la cadena de pagos funcione y no termine obstaculizando el funcionamiento del Poder Legislativo”.
“Estamos llevando adelante un Concejo Deliberante abierto, participativo y presente en los barrios. Queremos un Poder Legislativo que funcione, que escuche a los vecinos y que ejerza plenamente su rol institucional. No vamos a aceptar que la falta de pago a los proveedores termine siendo una herramienta para impedirlo”, afirmó. También aclaró que todas las actividades que se están realizando en el HCD se están haciendo con costo cero y con mucho trabajo y dedicación del personal.
Finalmente, D’Amico sostuvo: “Si hablamos de responsabilidad democrática, empecemos por garantizar el funcionamiento de las instituciones. El Ejecutivo debe pagar lo que debe y establecer prioridades. No puede haber recursos para gastos que no son esenciales y no haberlos para aquello que permite que el Concejo Deliberante funcione”.
