Se trata de la sanción de una Ordenanza que «a partir de su promulgación – indicó la Edil – establezca que todos los montos abonados por los ocupantes y adjudicatarios de lotes fiscales situados en estos populosos y densamente poblados barrios de la ciudad de Rio Gallegos, en concepto de canon de ocupación, canon fiscal o arrendamiento, sean computados de pleno derecho como pago a cuenta del precio total de venta o del valor de adjudicación definitiva del inmueble que habitan».
Esta iniciativa, integrará el temario que la concejal UCR y presidente del Cuerpo Deliberativo capitalino, Esc. y Abog. Daniela D’Amico, presentará en la octava sesión ordinaria del actual período, a llevarse a cabo este jueves 18 de junio en el recinto.
La legisladora del Radicalismo informó que «el beneficio establecido será aplicable única y exclusivamente una vez que el adjudicatario haya cumplimentado la totalidad de los requisitos de adjudicación y regularización establecidos por la autoridad de aplicación competente». Señaló seguidamente que «el dinero abonado se ajustará al valor del módulo actualizado y se descontará directamente del precio total de venta o del valor de adjudicación definitiva del inmueble».
D’Amico subrayó el carácter retroactivo que tendrá la flamante norma «ya que el beneficio establecido – destacó – alcanzará a todos los pagos efectuados de manera acreditable por los vecinos desde el inicio de su ocupación regular o adjudicación precaria, sin importar la antigüedad de los comprobantes»; y resaltó también que «la autoridad de aplicación deberá realizar la liquidación histórica de los montos abonados por cada beneficiario en un plazo no mayor a noventa (90) días desde la reglamentación de la presente».
«Los montos ya pagados se descontarán directamente del valor final de la tierra al momento de emitirse el título de propiedad» sentenció la Edil.
Respecto a su propuesta, la parlamentaria UCR manifestó que «es básicamente dar respuesta a una demanda histórica de las familias que habitan los barrios San Benito, Bicentenario I, II, III y IV, 22 de Septiembre, Santa Cruz y Chimen Aike; sectores que nacieron y crecieron bajo un esquema de habitabilidad compleja en el que los vecinos debieron costear de sus propios bolsillos la apertura de calles, el tendido de servicios básicos y el arraigo en condiciones climáticas adversas».
«Durante años – agregó – el pago del canon fiscal o arrendamiento ha operado como una carga económica constante para las familias trabajadoras, sin que dicho esfuerzo monetario se traduzca de manera efectiva en el avance hacia la propiedad definitiva de su hogar. El canon de ocupación suele considerarse un mero derecho de uso que se diluye en las arcas estatales, obligando al vecino a pagar de cero el valor de la tierra al momento de escriturar».
Ante ello y teniendo en cuenta que «muchos de los vecinos de los barrios mencionados precedentemente justamente abonan mensualmente un canon, canon fiscal o arrendamiento por los lotes fiscales que habitan, resulta justo y equitativo que dichos montos abonados sean computados como pagos a cuenta del valor total del inmueble una vez cumplimentados los requisitos de adjudicación» concluyó D’Amico.
