En los últimos días, una propuesta generó debate en Santa Cruz: la idea de construir una megacárcel para 10.000 reclusos en la zona de La Esperanza. La iniciativa fue presentada por el docente universitario Eduardo D’Elía, quien sostiene que la provincia tiene las condiciones para albergar un establecimiento penitenciario de tamaño inédito en el país y que su construcción podría generar hasta 2.000 empleos directos. Sin embargo, más allá de los beneficios económicos que se argumentan, es necesario preguntarnos: ¿Queremos que Santa Cruz sea sede de una cárcel de estas dimensiones? ¿Es un «negocio» viable o implica riesgos para la seguridad y la identidad de nuestra región?
Una propuesta con muchas dudas
D’Elía basa su iniciativa en la necesidad del Gobierno Nacional de construir nuevas cárceles y en las condiciones geográficas de Santa Cruz, que permitirían un alto nivel de aislamiento. Según él, la provincia podría convertirse en el lugar más seguro del país para alojar delincuentes de alta peligrosidad.
El docente destacó que la construcción de la cárcel podría ser un motor de empleo y desarrollo, argumentando que superaría incluso a las industrias extractivas en la generación de puestos de trabajo. Además, mencionó la cercanía con aeropuertos y puertos, lo que facilitaría el traslado de los reclusos y el abastecimiento del complejo penitenciario.
Sin embargo, detrás de estos supuestos beneficios, hay interrogantes que no pueden pasarse por alto.
Santa Cruz, ¿una provincia carcelaria?
Uno de los principales cuestionamientos que surgen es si Santa Cruz debe asumir el rol de convertirse en la sede de una megacárcel que albergaría a algunos de los criminales más peligrosos del país. Esta medida podría alterar la dinámica social y la percepción de seguridad en la región.
La instalación de una cárcel de tal magnitud podría traer consigo riesgos en términos de seguridad y calidad de vida para los santacruceños. ¿Qué impacto tendrá en las comunidades cercanas? ¿Cuáles serán las medidas para evitar que se convierta en un foco de problemas, como ha sucedido en otras provincias con penales de menor escala?
Además, el argumento económico también merece ser analizado con detenimiento. Si bien la construcción de la cárcel podría generar empleo en el corto plazo, ¿es este el modelo de desarrollo que queremos para nuestra provincia? Santa Cruz cuenta con riquezas naturales, turísticas y productivas que podrían impulsar otro tipo de inversiones más alineadas con el crecimiento sostenible y el bienestar de la población.
Un debate abierto
La propuesta de D’Elía ya está sobre la mesa y la discusión está abierta. Sin embargo, antes de aceptar una medida de esta magnitud, es fundamental que la sociedad santacruceña sea consultada y participe en el debate.
Santa Cruz no puede ser vista como un «territorio de descarte» donde instalar proyectos que otras provincias rechazan. La decisión de construir una megacárcel en nuestra región no debe tomarse solo en función de criterios económicos, sino considerando su impacto a largo plazo en la seguridad, la identidad y el desarrollo de nuestra provincia.
La pregunta sigue en el aire: ¿Queremos convertirnos en el epicentro penitenciario del país?
