El Gobierno de Santa Cruz autorizó de manera excepcional la venta de un inmueble ubicado en la región de la Península de Magallanes, en el departamento Lago Argentino, para avanzar con el desarrollo de un proyecto turístico. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Provincial N° 0915/2026, firmado el 1 de septiembre y publicado el 22 de septiembre en el Boletín Oficial.
La medida exceptuó, “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”, la restricción establecida en el artículo 2° del Decreto Provincial N° 0994/17. De esta manera, habilitó a Lacustre del Sud S.A. a transferir a ASB Hospitality Calafate SAU la Parcela Fracción G, Matrícula 186, ubicada en el departamento Lago Argentino.
La operación tuvo como finalidad posibilitar la implementación del proyecto turístico denominado “Master Plan Ecocentro”. La empresa adquirente fue constituida en Argentina y tiene como único accionista a ASB Hospitality LLC, una sociedad registrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
El decreto estableció que la excepción quedó limitada exclusivamente a esta operación y al proyecto identificado en el expediente. Además, determinó que la autorización no podrá utilizarse como antecedente, precedente vinculante o criterio automático ante futuras solicitudes de características similares.
El proyecto prevé el desarrollo de infraestructura destinada al alojamiento turístico en un sector de la Península de Magallanes. De acuerdo con la información difundida sobre el emprendimiento, el plan contempla la construcción de cabañas y senderos para actividades turísticas en cercanías del Parque Nacional Los Glaciares.
La iniciativa ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada. Sin embargo, el decreto condicionó su habilitación, ejecución, puesta en funcionamiento y operación al cumplimiento de la normativa ambiental, territorial y de conservación vigente.
En particular, los desarrolladores deberán respetar las leyes provinciales N° 3466 y N° 2658, además de las restricciones, planes de manejo y medidas de mitigación que establezcan el Consejo Agrario Provincial y los demás organismos con competencia sobre el área.
La autorización generó pedidos de información sobre las condiciones de la operación y los antecedentes administrativos y ambientales del proyecto. En ese contexto, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad un pedido para acceder a la documentación vinculada con el Decreto 0915/2026 y conocer las actuaciones que fundamentaron la excepción.
La discusión se concentró especialmente en las características de la zona donde se encuentra el inmueble y en la participación de capital extranjero en la sociedad adquirente. La operación, no obstante, corresponde a una transferencia entre dos sociedades privadas y requirió la intervención del Estado provincial debido a las restricciones existentes sobre el área.
Hasta el momento no se informó oficialmente el valor de la compraventa ni el cronograma previsto para el inicio de las obras.
