El Gobierno de Santa Cruz designó a Fernando Omar Españón como director general del Área Técnica de Frontera, un cargo dependiente de la Subsecretaría de Interior de la Secretaría de Estado de Gobierno e Interior.
La medida fue dispuesta mediante un decreto fechado el 31 de julio de 2026 y establece que el nombramiento entró en vigencia a partir del 1° de agosto. El documento señala que el cargo se encontraba vacante dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Gobierno.
La incorporación de Españón al Poder Ejecutivo provincial se concretó menos de seis meses después de que la Cámara de Diputados aceptara su renuncia como legislador provincial. Su salida de la Legislatura ocurrió el 19 de febrero, exactamente un año después del primer pedido de desafuero remitido por la Justicia.
Españón se encuentra acusado y procesado en causas por abuso sexual simple y abuso sexual coactivo o intimidatorio en el marco de una relación de dependencia. Además, sobre el exintendente de 28 de Noviembre pesan seis denuncias tramitadas ante la Justicia.
Dos de esos expedientes habían motivado inicialmente el pedido de desafuero: la causa “Españón Fernando s/ abuso de autoridad”, expediente 8357/24, y “Españón Omar Fernando s/ abuso sexual simple —tres hechos— bajo la modalidad de abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia”, expediente 8516/24.
La renuncia fue aceptada por 22 votos durante una sesión extraordinaria, incluyendo el voto del propio Españón. En aquella jornada tampoco se permitió el ingreso de las denunciantes a la Legislatura para brindar su testimonio ante los diputados.
Ahora, el exlegislador regresó a la estructura estatal mediante una designación política en el Ministerio de Gobierno. Según establece el decreto, no contará con estabilidad laboral y su permanencia se limitará al tiempo durante el cual desempeñe efectivamente las funciones asignadas.
El nombramiento vuelve a colocar a Españón dentro del Gobierno provincial mientras continúan en trámite las causas judiciales que provocaron su salida de la Cámara de Diputados. La responsabilidad penal, en tanto, deberá ser determinada por la Justicia.
