Los cambios propuestos por el gobernador de Santa Cruz en el Tribunal de Cuentas han levantado una ola de críticas y cuestionamientos cada vez más intensos. La Asociación de Entidades de Organismos de Control del Mercosur y el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas ya habían expresado su preocupación por las acciones de Claudio Vidal, quien ahora busca ubicar a una persona de su confianza al frente de este organismo.
La presión internacional sobre este tema ha aumentado considerablemente. Las organizaciones mencionadas previamente han manifestado su rechazo ante los intentos de modificar la autonomía del Tribunal de Cuentas, temiendo que se pueda limitar su capacidad para auditar las cuentas públicas de manera independiente.
Uno de los puntos que ha generado mayor controversia es la propuesta del gobernador para cambiar la forma en que se designan los cargos en el Tribunal provincial. Vidal busca que los miembros sean designados por el Poder Ejecutivo, con respaldo de la Cámara de Diputados, y que uno de los vocales sea propuesto por la primera minoría.
Además, se ha levantado una fuerte señal de alarma con la propuesta de Gabriela Castro, actual secretaria de Legal y Técnica, como presidenta del Tribunal de Cuentas. Esta propuesta, enviada a Diputados por el Ejecutivo, ha sido objeto de críticas debido a las circunstancias de su designación anterior y a las dudas sobre su idoneidad para el cargo.
La situación se complica aún más con la reciente renuncia del presidente del Tribunal, Carlos Ramos, quien ocupaba el cargo desde 2011. Esta vacante ha generado más incertidumbre sobre el futuro del organismo.
Mientras tanto, en la Legislatura, se ha iniciado un proceso de juicio político contra Vidal y otras figuras relacionadas con el Tribunal de Cuentas, lo que ha exacerbado las tensiones políticas en la provincia. La oposición acusa al gobernador de utilizar tácticas mediáticas para presionar a los miembros del Tribunal, mientras que desde el kirchnerismo se sospecha que estas acciones buscan remover a aquellos designados durante la gestión anterior.
En medio de este conflicto, las voces críticas señalan el riesgo de politizar un organismo clave para el control y la transparencia en el manejo de los recursos públicos en Santa Cruz.
