Renunció el Presidente del Tribunal de Cuentas Carlos Ramos

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El funcionario presentó su renuncia indeclinable ante el gobernador Claudio Vidal. Esto se da un contexto de pedido de juicio político y denuncia penal por parte del Vicegobernador Fabián Leguizamón para la cúpula del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz por la presunta comisión de violación de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de sus funciones.

Vidal, por su parte, reconoció en el ahora ex vocal “un gesto de grandeza que no es común en estos tiempos y que agradezco. Uno ve a algunos agarrados con garras y dientes a sus cargos, con tal de preservar sus privilegios”. El mandatario santacruceño destacó la actitud de Ramos, quien le manifestó, en una charla mano a mano de casi una hora y media, que sentía que había “cumplido un ciclo” y que era “necesario oxigenar las instituciones de la provincia”.

En febrero pasado, el vicegobernador Fabián Leguizamón había realizado una denuncia penal en el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos en contra del presidente del Tribunal de Cuentas Ramos, y de las vocales Matilde Morales y Romina Gaitán.

Según marca la ley, el Tribunal de Cuentas tiene como obligación la revisión de los gastos y el control externo de las cuentas de la administración pública provincial para resguardar los recursos de la provincia. “Entendemos que tanto la falta de control como la omisión fue adrede y que incluso pudo existir cierta complicidad para permitir que ocurran hechos que beneficiaron a algunos personajes de la política”, había indicado Leguizamón, quien en esa misma presentación había anticipado que realizaría “el pedido formal en la Cámara de Diputados de Santa Cruz para someter a juicio político a Ramos”.

Dentro de la documentación presentada se evidenciaba que habían localidades del interior de la provincia que no presentaban ningún tipo de control ni auditoría desde 2015. Eso significa que todos los gastos que realizaba el municipio, así como el dinero que ingresaba a las acras municipales, eran administradas discrecionalmente por el intendente de turno sin ningún tipo de control o justificación de la salida de dinero.