Pico Truncado: el intendente vetó la ordenanza que obligaba a los funcionarios a realizarse narcotest

Actualidad Política

Una ordenanza que buscaba establecer controles toxicológicos obligatorios para los funcionarios públicos de Pico Truncado terminó generando una nueva controversia política en la localidad santacruceña.

El intendente Pablo Sebastián Anabalón vetó en su totalidad la normativa que había recibido el respaldo unánime de los cinco integrantes del Concejo Deliberante y que establecía la obligatoriedad de realizar exámenes para detectar el consumo de drogas ilegales y alcohol entre las autoridades municipales.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto Municipal N.º 3920, a través del cual el Ejecutivo cuestionó distintos aspectos jurídicos y técnicos de la iniciativa.

¿Qué establecía la ordenanza?

El proyecto había sido presentado en septiembre de 2025 por el concejal Carlos Morón, del Movimiento Popular Truncadense, con el objetivo de extender los controles toxicológicos a quienes ocupan cargos políticos y de mayor jerarquía dentro del Municipio.

La propuesta alcanzaba al intendente, concejales, secretarios, directores y otros funcionarios electos o designados, quienes debían afrontar el costo de los análisis.

Entre sus principales disposiciones contemplaba controles periódicos, aleatorios y sin previo aviso, además de un criterio de alcoholemia cero.

En caso de obtener un resultado positivo o negarse a realizar el examen, se preveía una suspensión preventiva y la posibilidad de solicitar una contraprueba.

Si el resultado positivo era confirmado, podían iniciarse procedimientos que derivaran en el cese de funciones o la revocación del mandato, según el cargo involucrado.

Una iniciativa que había logrado el apoyo de todos los concejales

El proyecto atravesó distintas comisiones del Concejo Deliberante y recibió modificaciones durante su tratamiento legislativo.

Sin embargo, según explicó su impulsor, mantuvo el objetivo central de establecer condiciones de control equivalentes para trabajadores municipales y funcionarios políticos.

Morón había destacado que la iniciativa buscaba evitar que las evaluaciones quedaran limitadas exclusivamente a los empleados municipales.

«No solamente se le realice el toxicológico a los empleados municipales, sino también a los cargos de jerarquía», sostuvo el concejal.

La propuesta finalmente obtuvo el respaldo de los cinco integrantes del cuerpo legislativo, lo que permitió su aprobación por unanimidad.

No obstante, para entrar en vigencia debía completar el proceso administrativo correspondiente, instancia en la que intervino el Ejecutivo municipal.

Por qué el intendente decidió vetarla

A través del Decreto Municipal N.º 3920, Anabalón dispuso el veto total de la ordenanza y fundamentó su decisión en una serie de cuestionamientos jurídicos y técnicos.

Uno de los principales argumentos fue la utilización del artículo 36 de la Constitución Nacional como fundamento de la normativa.

Desde el Ejecutivo consideraron que esa disposición constitucional fue incorporada para proteger el orden institucional frente a gobiernos de facto y que no corresponde utilizarla para regular controles toxicológicos en la función pública.

También señalaron que el proyecto no había contado con asesoramiento de especialistas de la salud que permitiera evaluar adecuadamente su implementación.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el régimen de sanciones.

El Municipio consideró que la ordenanza planteaba un esquema principalmente punitivo, sin contemplar medidas preventivas ni distinguir diferentes situaciones vinculadas al consumo de sustancias.

En particular, el Ejecutivo calificó como desproporcionada la posibilidad de remover a un funcionario a partir de un resultado positivo confirmado, sin establecer criterios de gradualidad.

¿Qué pasa ahora con los narcotest para funcionarios?

Con el veto total dispuesto por Anabalón, la ordenanza no podrá entrar en vigencia en los términos en que había sido aprobada.

La normativa fue devuelta al ámbito legislativo local, donde deberá definirse cómo continúa su tratamiento.

De esta manera, una iniciativa que había conseguido el apoyo de todos los concejales quedó frenada por decisión del Ejecutivo municipal.

El debate ahora gira en torno a dos cuestiones: la posibilidad de establecer controles toxicológicos para quienes ejercen responsabilidades públicas y las condiciones legales, sanitarias y administrativas necesarias para aplicarlos.

Mientras tanto, Pico Truncado suma un nuevo capítulo a la discusión sobre los requisitos, las responsabilidades y los mecanismos de control que deberían alcanzar a los funcionarios públicos.

Información elaborada a partir de los antecedentes legislativos difundidos y los fundamentos del veto informados por Truncado Informa.