Por estos días, un hecho encendió las alarmas sobre el manejo de la pauta oficial en Santa Cruz. El periodista Moyano, de Radio News, admitió públicamente haber tenido un contrato con la Legislatura provincial, bajo la órbita del vicegobernador Fabián, por 30 millones de pesos, monto que —según explicó al aire— decidió rescindir porque “tenía que correrlos para cobrar”.
El dato no sería menor si no estuviera acompañado de otro hecho aún más grave: según trascendió, el vicegobernador habría comentado en reuniones privadas que Moyano “hablaba mal de él porque le pidió más plata y no se la quiso dar”. Esas declaraciones, filtradas al propio periodista, derivaron en su descargo público y en la revelación del monto que hasta entonces se mantenía en reserva.
Más allá de la polémica personal, lo que realmente debería preocuparnos es el trasfondo institucional y ético de esta situación. ¿Quién define cuánto dinero se asigna a cada medio? ¿Bajo qué criterios se reparten millones de pesos en una provincia con hospitales desbordados, escuelas deterioradas y familias que no llegan a fin de mes?
Treinta millones mensuales en pauta para una sola radio local es una cifra exorbitante. Multiplicada por la cantidad de medios que podrían estar recibiendo montos similares, el número se vuelve escandaloso. La pauta oficial, pensada originalmente como herramienta de comunicación del Estado, se transforma así en una red de favores políticos, donde la afinidad y el silencio pesan más que la transparencia o el contenido.
En un contexto provincial de crisis económica, la pregunta es inevitable: ¿cuántos comedores, becas, medicamentos o reparaciones escolares podrían financiarse con esos fondos? ¿Y quién controla realmente la distribución de esa pauta?
El caso de Moyano expone con crudeza un sistema que necesita urgente revisión. No se trata solo de un contrato, sino de una práctica extendida que erosiona la confianza pública y vacía de sentido la función social del periodismo.
Mientras tanto, los santacruceños siguen viendo cómo se reparte dinero público “a diestra y siniestra”, sin rendición de cuentas ni prioridades claras. Porque si algo demuestra este episodio, es que en Santa Cruz la pauta sigue siendo más una herramienta de poder que un instrumento de comunicación.
