La reorganización concentra en el SENASA el registro, control y fiscalización de alimentos, mientras que el Ministerio de Salud quedará a cargo de la definición de las políticas alimentarias.
El Gobierno nacional dispuso la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y redistribuyó sus funciones entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Salud de la Nación.
La medida fue establecida mediante el Decreto 697/2026, publicado este lunes 3 de agosto, y forma parte de una reorganización integral del sistema nacional de control alimentario.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el SENASA absorberá las tareas vinculadas con el registro, control y fiscalización de alimentos, mientras que el Ministerio de Salud concentrará la conducción de las políticas sanitarias y alimentarias.
De esta manera, el Gobierno busca separar las funciones operativas de fiscalización de las tareas relacionadas con la elaboración y actualización de las normas sanitarias.
Qué funciones asumirá el SENASA
El SENASA pasará a concentrar el registro y control de productos alimenticios, establecimientos elaboradores e importaciones.
El organismo también tendrá a su cargo la supervisión de los establecimientos oficiales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que controlan el cumplimiento del Código Alimentario Argentino.
La decisión se fundamenta en que el SENASA posee una amplia estructura territorial, con laboratorios, inspectores y dependencias distribuidas en todo el país para controlar la producción primaria y la industria agroalimentaria.
Hasta esta reorganización, el Sistema Nacional de Control de Alimentos estaba integrado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, a través del INAL, y por el SENASA, además de las autoridades sanitarias provinciales y porteñas.
Una base única de productos y establecimientos
Entre los principales cambios se encuentra la creación de una Base Única de Datos administrada por el SENASA.
El sistema concentrará la información y los registros de productos y establecimientos alimenticios, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad, agilizar las gestiones y evitar la duplicación de trámites entre diferentes organismos.
También se prevé avanzar en convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para armonizar registros, requisitos, aranceles y sistemas de sanciones.
El Código Alimentario Argentino, aprobado mediante la Ley 18.284, reúne las disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial que deben cumplir los alimentos desde su producción hasta su consumo.
Cambios en las importaciones y exportaciones
La reorganización también modifica los procedimientos para la importación de alimentos envasados destinados a la venta directa.
El decreto establece controles posteriores al ingreso de determinados productos para reducir las demoras en su comercialización. Además, reconoce por equivalencia algunas certificaciones de aditivos, ingredientes y coadyuvantes tecnológicos emitidas por países con sistemas de control considerados confiables o que aplican las normas del Codex Alimentarius.
La normativa vigente ya contemplaba procedimientos simplificados para alimentos provenientes de países considerados de alta vigilancia sanitaria, mediante declaraciones juradas y certificados emitidos por las autoridades del país de origen.
Para las exportaciones, los productos deberán cumplir principalmente con los requisitos sanitarios establecidos por el país de destino y las certificaciones serán centralizadas en un organismo con reconocimiento internacional.
El Código Alimentario deberá actualizarse en un plazo máximo de 45 días
Otro de los puntos destacados es el establecimiento de un plazo máximo de 45 días hábiles para resolver las modificaciones del Código Alimentario Argentino.
El Gobierno sostiene que este límite permitirá brindar mayor previsibilidad y acelerar la incorporación de nuevas normas o actualizaciones técnicas.
La elaboración de las reglas continuará bajo la órbita del Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura, mientras que el SENASA quedará encargado de verificar su cumplimiento.
Salud concentrará la política alimentaria
El Ministerio de Salud absorberá las funciones vinculadas con la definición de políticas alimentarias y con el análisis científico de la composición de los alimentos.
De acuerdo con la información oficial difundida por Noticias Argentinas, una de las primeras prioridades será avanzar en la reducción o eliminación de determinados colorantes y saborizantes utilizados en alimentos procesados.
La cartera sanitaria nacional señala que los productos ultraprocesados suelen incorporar conservantes, colorantes, aromatizantes y otros aditivos, además de elevados niveles de grasas, azúcares o sodio, y recomienda limitar su consumo habitual.
Estas políticas se complementan con la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que estableció el etiquetado frontal de advertencias para informar sobre el contenido de nutrientes críticos en alimentos envasados y bebidas sin alcohol.
Con la nueva distribución de competencias, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura definirán las normas del Código Alimentario, mientras que el SENASA será responsable de fiscalizar que empresas, establecimientos y productos cumplan con esas disposiciones.
Fuentes: Agencia Noticias Argentinas, diario Nuevo Día, normativa publicada por el Gobierno nacional y sitios oficiales del SENASA, ANMAT y Ministerio de Salud.
