Este sábado, la tradicional Marcha Mundial de la Marihuana volvió a tomar las calles de más de 20 ciudades del país con un reclamo tan urgente como histórico: una nueva ley que deje de criminalizar el consumo y cultivo de cannabis.
La concentración más masiva se dio en CABA, donde desde el mediodía miles de personas —pacientes, activistas, cultivadores, organizaciones de derechos humanos, médicos y abogados— se reunieron en Plaza de Mayo para marchar hasta el Congreso. Bajo el lema «Por una nueva ley de drogas. Basta de preses por marihuana», la movilización exigió una actualización urgente de la Ley 23.737, vigente desde 1989.
“No podemos seguir permitiendo que el miedo y la represión definan el vínculo entre el Estado y quienes deciden usar sustancias”, expresaron desde el escenario frente al Congreso.
Un reclamo que suma décadas
El pedido no es nuevo. Desde hace más de 30 años distintas organizaciones denuncian el carácter punitivo y obsoleto de la ley actual. En esta edición, los ejes del reclamo incluyeron:
- Reparación histórica para personas criminalizadas por consumo o cultivo.
- Libertad para presas y presos por marihuana.
- Reapertura del Reprocann, hoy con más de 100 mil personas en lista de espera.
- Regulación integral de todos los usos del cannabis: terapéutico, industrial y adulto.
- Fin de la violencia institucional y el hostigamiento policial.
La actual legislación no solo continúa judicializando a usuarios medicinales, sino que también pone en riesgo a mujeres cuidadoras, jóvenes de barrios populares y pequeños cultivadores, muchas veces detenidos con dosis mínimas y sin pruebas de comercialización.
Avances legales… y retrocesos
Argentina cuenta con dos leyes nacionales de cannabis:
- La Ley 27.350 de uso medicinal, sancionada en 2017.
- La Ley 27.669 para el desarrollo del cannabis industrial, aprobada en 2022.
Sin embargo, según denuncian las organizaciones, las políticas actuales han paralizado su aplicación: se frenaron las autorizaciones del Reprocann, se obstaculizó el trabajo de la ARICCAME (la agencia reguladora del cannabis) y se desincentiva el desarrollo del sector. En paralelo, muchas provincias comenzaron a generar normativas locales ante el vacío de acción nacional.
La Corte ya falló en contra
Un dato clave: en 2009 la Corte Suprema declaró inconstitucional el castigo por tenencia para consumo personal en el histórico Fallo Arriola. En él se sobreseyó a un grupo de jóvenes rosarinos acusados sin pruebas de tráfico por portar marihuana para uso propio.
Aún así, 16 años después, el Congreso no modificó la ley y miles de causas penales se siguen iniciando cada año por simple tenencia.
La demanda es clara
Desde el escenario montado frente al Congreso, referentes de Mamá Cultiva, Jardín del Unicornio, Matria Cannábica y muchas otras agrupaciones exigieron:
- Amnistía y sobreseimiento para personas condenadas.
- Cancelación de antecedentes penales.
- Reparación económica para las víctimas del prohibicionismo.
- Una política de drogas centrada en derechos humanos, salud pública, cuidado y autonomía.
“Cultivar marihuana se castiga más que delitos ambientales como la deforestación. ¿Qué mensaje da eso?”, señalaron, apuntando también a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la intensificación de operativos, allanamientos sin pruebas y políticas de control sin enfoque de salud.
