El Senado sancionó una reforma clave a la Ley 26.879, que extiende el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, busca incluir en dicho registro no solo los delitos contra la integridad sexual, sino también otros crímenes graves, lo que refuerza su rol en las investigaciones criminales. La votación culminó con 39 votos a favor, 0 en contra y 20 abstenciones.
A pesar de los intentos por trasladar el control de esta herramienta al Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, el proyecto mantuvo el registro bajo la órbita del Ministerio de Justicia, tal como lo establece la ley original. Durante la discusión en comisiones, algunos funcionarios propusieron el cambio, argumentando que no existían fundamentos jurídicos para mantenerlo en Justicia. Sin embargo, la propuesta no prosperó y la ley fue aprobada sin modificaciones.
Opiniones en el Senado
La senadora Carolina Losada fue una de las principales voces en el debate, destacando la necesidad de una ley que mejore la seguridad. Según Losada, «este proyecto de ley no debería tener grieta, porque ¿quién querría que un delincuente no pague por sus actos?». Además, subrayó que la ampliación del registro incluirá a imputados, procesados, condenados y personas que voluntariamente proporcionen sus datos genéticos, lo que representa una herramienta poderosa para esclarecer delitos graves.
Por su parte, el senador Maximiliano Abad celebró la modernización que supone esta reforma, destacando que permitirá al Estado optimizar su capacidad para dar mejores respuestas a la ciudadanía. Abad también señaló el prestigio del Banco de Datos Genéticos, creado en 1987 para identificar vínculos biológicos, y recalcó que el registro ampliado ayudará a resolver una mayor cantidad de casos criminales.
Discrepancias y abstenciones
El debate no estuvo exento de críticas. El senador Oscar Parrilli, de Unión por la Patria, expresó su desacuerdo con algunos puntos del proyecto, advirtiendo que la ley podría vulnerar la presunción de inocencia al permitir la recolección de datos genéticos de imputados y procesados, no solo de condenados. Parrilli también cuestionó el impacto económico que la implementación de la ley podría tener en las provincias, solicitando que el proyecto volviera a comisión para ajustes, propuesta que finalmente fue rechazada.
En tanto, el senador Juan Carlos Pagotto se mostró a favor de mantener el registro bajo la órbita del Ministerio de Justicia, aunque reconoció que la ley no es perfecta. «Es necesario avanzar, aunque el sistema siempre puede perfeccionarse», concluyó.
Con esta reforma, el Senado busca fortalecer la justicia penal, dotando de mayores recursos a las investigaciones criminales mediante el uso de tecnología genética avanzada. Aunque el proyecto generó debate y diferencias de opinión, finalmente se aprobó con la esperanza de que contribuya a esclarecer delitos y traer justicia a las víctimas.
