El Senado convirtió esta noche por unanimidad ley el proyecto de Discapacidad, que réplica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la ley que vence en diciembre, y que habian sido rechazado el año pasado por el Gobierno Nacional.
A un año de haber rechazado la ley de emergencia en Discapacidad, el oficialismo accedió a mantener los beneficios de la ley de emergencia que había vetado el año pasado, y luego del respaldo del papa Leon XIV a los reclamos de los colectivos de discapacidad.
La iniciativa fue aprobado por los 71 legisladores que estaban presentes.
La sesion que se inició pasadas las 11, incluye el tratamiento de los proyectos de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Propiedad Privada para restablecer la Ley de Tierras, Ley Joaquín, entre otros temas.
Previo a la discusión del dictamen sobre discapacidad, se dio ingreso formal a una serie de pliegos para ocupar cargos en la justicia, y se votó el ascenso al grado inmediato superior al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, quien es titular de la Casa Militar.
El pliego se aprobó por 59 votos afirmativos, 3 votos negativos y 1 abstención que y tiene vigencia desde fines del 31 de diciembre del 2025.
También, se votaron diversos mociones para trato preferencial a un conjunto de proyectos en la última sesión que se celebrará el 26 de noviembre, entre los que figura una prórroga del Estatuto del Periodista.
Detalles
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, réplica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.
De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.
Entre sus principales puntos, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Por otra parte, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

