A casi tres años del inicio de la gestión de Claudio Vidal, la política habitacional de Santa Cruz vuelve a quedar bajo la lupa. El gobernador había prometido durante la campaña un Plan Provincial Habitacional para construir 20.000 viviendas, además de reactivar obras paralizadas y facilitar el acceso a créditos y herramientas para construir, ampliar y refaccionar.
La promesa era ambiciosa y apuntaba a uno de los problemas estructurales de Santa Cruz: el acceso a la vivienda. Vidal había construido buena parte de su propuesta alrededor de la idea de recuperar obras inconclusas y avanzar bajo una premisa concreta: «la obra que se empieza, se termina».
Entre las medidas anunciadas también figuraban una eventual emergencia habitacional para agilizar contrataciones, planes de viviendas para trabajadores y un sistema de adjudicación que, según la propuesta, debía ser público, transparente y basado en criterios de necesidad y situación socioeconómica.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el interrogante dejó de ser solamente qué prometía la gestión y pasó a ser cuánto de ese plan puede mostrar hoy en términos concretos.
El número que pesa
Las 20.000 viviendas no fueron un detalle menor de aquella campaña. Constituyeron uno de los compromisos centrales de la propuesta habitacional de Vidal y, por eso, el número funciona hoy como una vara para medir la gestión.
La reciente referencia a la entrega de seis viviendas en Tres Lagos, realizada en el marco de las actividades por el 2 de abril y el aniversario de la localidad, sirve como muestra de una política que todavía necesita exhibir con mayor claridad sus resultados generales.
No se trata de cuestionar la importancia de esas seis familias que accedieron a una vivienda. Para quienes esperan durante años una solución habitacional, cada unidad tiene un impacto concreto. El problema aparece cuando una entrega puntual se contrasta con una meta provincial de 20.000 viviendas y no existe, al menos en la información disponible, un balance público que permita conocer con precisión cuánto se avanzó sobre ese objetivo.
Ahí aparece una de las principales preguntas que la gestión debería responder: ¿cuántas viviendas fueron terminadas, cuántas están en construcción y cuántas fueron efectivamente adjudicadas desde diciembre de 2023?
El rol del IDUV, otra incógnita
Otro punto que merece atención es el papel que está desempeñando el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), organismo que históricamente ocupó un lugar central en la política habitacional provincial.
El propio planteo de campaña de Vidal había ubicado al IDUV como parte de un esquema de adjudicación transparente y basado en criterios objetivos. Sin embargo, la participación de empresas privadas en la ejecución de obras abre una discusión diferente: cuál es actualmente el rol operativo del organismo, qué proyectos administra directamente y cuáles son tercerizados.
Entre las empresas mencionadas aparece Chimen Aike S.A., propiedad del empresario Rubén David Aranda, firma vinculada a la obra pública en la región. Para establecer con precisión el alcance de esa participación sería necesario contar con el detalle oficial de las contrataciones, adjudicaciones y montos de cada obra.
La discusión no debería limitarse a los actos de entrega. También debería incluir cuánto dinero se destinó, qué empresas participaron, qué obras se terminaron y qué porcentaje de la meta original fue efectivamente alcanzado.
La política habitacional como balance de gestión
La derrota electoral sufrida por el oficialismo en las elecciones de medio término de 2025 también forma parte del contexto político en el que se analiza la gestión. En Santa Cruz, el espacio de Vidal no logró obtener representación en el Congreso Nacional y Daniel Álvarez y Gisella Martínez (candidata de Fabián Leguizamón) quedaron fuera de esa disputa electoral.
Ese resultado puede leerse como una señal del desgaste o de las dificultades del oficialismo para convertir su gestión en respaldo electoral, aunque no sería correcto atribuirlo exclusivamente a la política habitacional. Aún así, llama la atención escuchar al gobernador anunciando de manera rimbombante su postulación para una reelección en 2027.
Una gestión puede reivindicar la recuperación de obras, inaugurar unidades y anunciar nuevos proyectos. Pero cuando existe una cifra tan precisa como compromiso de campaña, la discusión inevitablemente termina en los números.
Casi tres años después, más que recordar que alguna vivienda fue entregada, la pregunta relevante es otra: ¿cuánto falta para que las 20.000 viviendas prometidas dejen de ser una consigna de campaña y se conviertan en un resultado verificable de gestión?
