Padres y madres de diferentes puntos de Santa Cruz están levantando su voz ante los desmedidos aumentos en las cuotas de los colegios privados, una situación que ya es insostenible para muchas familias. En El Calafate, los padres del Colegio Upsala han denunciado incrementos que superan el 4.500% en dos años, con una proyección de que para febrero de 2025 las cuotas alcanzarían los $875.000. En Río Gallegos, la situación no es muy diferente. En el Colegio POPLARS School, las cuotas mensuales ya ascienden a $500.000, generando una gran preocupación entre las familias locales.
Los padres del Colegio Upsala manifestaron su malestar a través de una carta enviada a las autoridades educativas y medios locales, donde exigen que los aumentos se ajusten al índice oficial de inflación. Argumentan que los incrementos son desproporcionados y no permiten a muchas familias continuar pagando por la educación de sus hijos. De acuerdo con sus denuncias, las cuotas y matrículas han sido ajustadas en varias ocasiones desde 2023, superando ampliamente la inflación y los aumentos salariales. En febrero de ese año, la cuota era de $18.767; para agosto de 2024, ya había llegado a $420.000, con un valor proyectado de $875.000 para el inicio del ciclo lectivo 2025.
En Río Gallegos, padres del POPLARS School se encuentran en una situación similar. Las cuotas han alcanzado los $500.000 mensuales, lo que también ha generado preocupación por el futuro educativo de los estudiantes, ya que este aumento no solo afecta el pago de las cuotas, sino también otros gastos adicionales como uniformes, materiales y actividades extracurriculares. Estos costos extras, al igual que en El Calafate, también representan una carga significativa para las familias.
Las instituciones privadas han justificado estos aumentos por la inflación y los elevados costos operativos, argumentando que también han sufrido el impacto de la situación económica del país. El Colegio Upsala, por ejemplo, mencionó que los aumentos responden a la necesidad de absorber costos como los servicios y salarios del personal, y señalaron que la contribución del Consejo Provincial de Educación cubre menos del 50% de estos gastos.
Ante este panorama, los padres de ambas localidades están considerando tomar medidas legales, como la presentación de un recurso de amparo, para que los aumentos sean ajustados a los índices de inflación oficial registrados por el INDEC. A su vez, están exigiendo mayor transparencia en los incrementos y buscando una solución que permita garantizar la continuidad educativa de sus hijos sin comprometer la economía familiar.
La situación ha generado un debate sobre el acceso a la educación privada en la provincia, y se espera que las autoridades locales intervengan para equilibrar los costos y garantizar que la educación de calidad no se convierta en un privilegio inalcanzable para muchas familias.
